By El presidente de la República, Luis Abinader, ha promulgado el Decreto 517-25, declarando una situación de emergencia nacional para las compras y contrataciones en el sector eléctrico.
Esta medida excepcional, con vigencia de doce meses, busca enfrentar un inminente déficit de generación y asegurar la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).
Motivos de la declaratoria
La decisión se fundamenta en análisis de la Superintendencia de Electricidad (SIE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) y el Organismo Coordinador del SENI, que advierten riesgo de déficit de capacidad de generación a corto y mediano plazo.
- Crecimiento acelerado de la demanda: picos históricos superiores a 3,850 MW en 2025, por encima de las proyecciones iniciales.
- Retrasos en la implementación de proyectos de nueva generación.
- Impacto climático y ambiental: altas temperaturas que incrementan la demanda y llegada de sargazo a las costas, lo que ha provocado salidas de servicio al obstruir tomas de agua.
- Ralentización de inversiones en rehabilitación y expansión de redes, así como en adquisición de equipos, asociada a la COVID-19 y al conflicto Rusia–Ucrania.
Acciones autorizadas y plazos
En virtud del decreto se habilitan procedimientos de excepción para que las distribuidoras EDESUR, EDENORTE y EDEESTE, así como las generadoras EGEPC y EGEHID, ejecuten:
- Expansión de la capacidad de generación mediante la incorporación de unidades térmicas de respuesta rápida.
- Planificación e instalación de sistemas de almacenamiento de energía (bancos de baterías) para mejorar la estabilidad de la red.
- Compra de equipos, repuestos y materiales necesarios para distribución y medición de energía.
- Contratación de proyectos de rehabilitación y expansión de redes para reducir pérdidas técnicas y no técnicas.
La vigencia del Decreto 517-25 es de doce (12) meses, tras lo cual la declaratoria de emergencia quedará extinguida.
Mecanismos de transparencia y supervisión
Para asegurar el uso correcto de los fondos y la transparencia de los procesos, el Gabinete Eléctrico ha sido designado como instancia de coordinación y supervisión de la aplicación del decreto.
Las instituciones involucradas deberán presentar un informe detallado a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas dentro de los quince (15) días posteriores a la satisfacción de la necesidad de emergencia.
Dichos informes deberán publicarse en los portales institucionales y en el Portal Transaccional de Contrataciones Públicas.
