By El Gobierno de la República Dominicana, bajo la administración del presidente Luis Abinader, junto a los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía, y varios sectores sociales, ha alcanzado un acuerdo en el marco del Consejo Económico y Social (CES) para abordar los desafíos derivados de la situación en Haití. El consenso logrado incluye aspectos relacionados con el control fronterizo, la cooperación internacional, la modernización institucional y un enfoque integral de la política migratoria.
Política migratoria de Estado
El documento resultante de esta iniciativa establece por primera vez una política migratoria de Estado con directrices claras en cuanto a control, seguridad, cooperación internacional y desarrollo fronterizo. Los puntos acordados subrayan que la gestión migratoria debe ser legal, ordenada y segura, protegiendo la soberanía nacional y los derechos humanos. Se destaca que, aunque la migración desde Haití no es un fenómeno nuevo, ha aumentado significativamente en la última década, afectando sectores como la agricultura, la construcción y los servicios.
Medidas tecnológicas y legales
Los firmantes del acuerdo han señalado la falta de un sistema integrado de registro y seguimiento de extranjeros como una limitación para la planificación, además de la presión que esto genera sobre los servicios de salud, educación e infraestructuras. Entre los consensos alcanzados, se incluye el refuerzo del control migratorio mediante tecnología avanzada, inteligencia especializada y cooperación internacional. Se continuará la implementación de una verja perimetral inteligente en la frontera, se instalarán sistemas de videovigilancia con identificadores biométricos y reconocimiento facial, y se creará una unidad especializada contra la trata y tráfico de personas.
Asimismo, se actualizarán las leyes relacionadas con el tráfico ilícito de migrantes y se modificarán los reglamentos para enfrentar nuevas formas de crimen organizado. El documento también enfatiza que la República Dominicana debe liderar la agenda migratoria en la región, estableciendo compromisos con organismos como la OIM, UNICEF, PNUD, FAO, OEA, la Unión Europea y el Banco Mundial. Además, se promoverá la interoperabilidad de los datos dentro del SICA y CARICOM.
Modernización institucional
Otro aspecto clave del acuerdo es la modernización de la Dirección General de Migración (DGM), la digitalización de los procedimientos y la eliminación de barreras burocráticas. Se espera impulsar un Programa Nacional de Mecanización Agrícola y planes de reconversión laboral en zonas fronterizas para disminuir la dependencia de mano de obra irregular. La nueva política migratoria ligará el acceso a servicios públicos con la residencia legal, la escolaridad y la vacunación, asegurando atención humanitaria en situaciones de necesidad. Adicionalmente, se implementará un registro biométrico unificado que será interoperable entre la DGM, el SNS, MINERD y la JCE, junto con auditorías trimestrales para seguir el uso de servicios por parte de la población migrante.
Finalmente, el acuerdo establece principios fundamentales, tales como la seguridad nacional, el respeto a la legalidad, la garantía de los derechos humanos y la coherencia entre el control interno y la cooperación internacional.
