By Un proyecto de ley presentado en el Senado de la República Dominicana el pasado fin de semana propone una modificación al nuevo Código Penal que eliminaría el estatus de exención de responsabilidad penal para partidos, movimientos y agrupaciones políticas.
De ser aprobada por ambas cámaras del Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo, esta legislación permitiría que los partidos políticos sean procesados como personas jurídicas. Esto implicaría que enfrentarían un régimen de responsabilidad penal similar al que aplica a empresas, organizaciones no gubernamentales y otras entidades.
La modificación se centra en la Ley 74-25, que establece el Código Penal dominicano, y que fue promulgado el 3 de agosto de 2025. Con este cambio, se facultaría a la justicia a acusar diplomáticamente a los partidos, en caso de que se comprueben delitos como lavado de activos, financiamiento ilícito, corrupción, malversación de fondos, fraude electoral y sobornos, entre otros.
El proyecto de ley fue propuesto el 5 de diciembre por el senador Antonio Taveras, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien argumenta que la inclusión de los partidos dentro del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas es necesaria para evitar vacíos normativos “injustificados”. Taveras sostiene que permitir que estas organizaciones, que desempeñan un papel central en la gestión de los asuntos públicos, eludan responsabilidad penal crearía desigualdades en el ámbito legal en relación con delitos que ponen en riesgo la integridad democrática y el interés general.
Esta es la segunda iniciativa legislativa destinada a modificar la Ley 74-25, cuya entrada en vigencia está programada para el 3 de agosto de 2026. La primera propuesta fue presentada por el diputado Ramón Raposo, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
El senador Taveras añadió que la estructura organizativa, la capacidad de movilización social y el acceso a recursos públicos y privados que poseen los partidos políticos pueden facilitar, debido a la falta de controles internos, su aprovechamiento como instrumentos para la comisión de delitos que van más allá de la actividad electoral. Por ello, Taveras ha enfatizado la importancia de implementar mecanismos de prevención, vigilancia y responsabilidad penal en estas entidades.
