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Por José R. Núñez Corona
La República Dominicana enfrenta hoy uno de los capítulos más oscuros de su historia institucional. Es imperativo hablar con claridad meridiana: la sociedad dominicana es testigo de una “súper corrupción” que ha permeado los tres poderes del Estado, articulando una red de complicidades que se activan según la conveniencia política y económica del momento. El pueblo dominicano ha llegado a su límite; está hastiado de un abuso de poder que parece no tener freno y de una impunidad que históricamente ha protegido a quienes se enriquecen con el sudor y la salud de la gente.
El Caso SeNaSa: Un Atentado contra la Vida
Bajo la lupa del Ministerio Público, el expediente que involucra la gestión de Santiago Hazim y su círculo en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) revela una trama de presunta criminalidad administrativa que sobrepasa el simple dolo; se trata de un atentado directo contra la seguridad social. Los puntos que la Procuraduría debe perseguir con todo el rigor de la ley son:
- Tráfico de Insumos Críticos: La supuesta comercialización de vacunas donadas representa una violación flagrante a la Ley General de Salud (42-01) y un acto de enriquecimiento ilícito con bienes de emergencia nacional.
- Defraudación y Estafa Agravada: El cobro por operaciones aprobadas pero nunca realizadas constituye un desfalco al erario público. El Ministerio Público tipifica esto como una estafa directa contra el sistema de seguridad social.
- Negligencia Criminal por Equipamiento: La adquisición de aparatos médicos deficientes o falsificados, vendidos a precios sobrevalorados, no es solo corrupción financiera; es una coalición de funcionarios que atenta contra la vida de pacientes vulnerables.
- Enriquecimiento Ilícito mediante Contratos Leoninos: La creación de marcos contractuales que permitieron al sector privado beneficiado enriquecerse ilícitamente, cobrando servicios nunca brindados, evidencia una red de prevaricación institucionalizada.
- Vulneración del Régimen Subsidiado: Mientras se alega falta de presupuesto para la masa más pobre, los recursos de SeNaSa han sido desviados, dejando a miles de dominicanos en el abandono bajo el falso pretexto de carencia de fondos.
- Quiebra de Programas de Vulnerabilidad: El desmantelamiento de los programas de nutrición para envejecientes es la prueba final de una gestión que priorizó el lucro personal sobre la dignidad humana.
Un Estado en Complicidad Sistémica
La macro-corrupción en el Poder Ejecutivo ha drenado las riquezas del país de tal manera que, con lo sustraído en las últimas décadas, se podrían haber construido dos naciones paralelas. Esta estructura se sostiene gracias a un Poder Legislativo que ha servido de cómplice, amañando leyes y buscando “bajaderos” legales para proteger a los políticos involucrados en actos ilícitos.
Es inaceptable que los legisladores mantengan privilegios que insultan la realidad económica del pueblo. Por ello, propongo una reforma ética: todo aumento de salario en el Estado debe estar vinculado directamente al sueldo mínimo. Si los funcionarios desean un aumento, deben, por obligación constitucional, aumentar primero el sueldo de la clase trabajadora.
El Punzón al Cuello del Toro
Estamos en el momento idóneo para “agarrar el toro por los cuernos”. La justicia dominicana no puede seguir siendo un mercado donde se venden sentencias al mejor postor mientras se le deniega el derecho al pobre. El Ministerio Público tiene el deber histórico de que nadie salga ileso de este proceso; la culpabilidad en los hechos de SeNaSa debe pagarse con cárcel y con la Extinción de Dominio de cada bien robado al pueblo.
Basta de solucionar los déficits presupuestarios con préstamos internacionales e impuestos que solo asfixian a la masa pobre. Es urgente modificar el Código Penal para crear una sección especial con penas máximas para funcionarios y empresarios que se confabulan para robar y destruir. El pueblo dominicano no pide favores; exige justicia, transparencia y una vida digna.
¡BASTA YA DE TANTO ABUSO! ¡COÑAZO!
