By El gobierno de Costa Rica ha informado este martes sobre un supuesto complot para asesinar al presidente Rodrigo Chaves, a poco más de dos semanas de las elecciones presidenciales, donde el oficialismo se presenta como favorito.
Jorge Torres, director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), indicó que su organismo tuvo conocimiento del presunto plan el lunes a través de una fuente confidencial, que al parecer reveló un pago a un sicario para llevar a cabo el atentado. Torres expresó a los medios de comunicación, frente a la Fiscalía donde presentó la denuncia, que la información recibida “nos alerta claramente sobre un pago de un sicario que quiere atentar sobre la vida del presidente de la República”.
La denuncia se produce en un contexto previo a los comicios generales programados para el 1 de febrero. La exministra conservadora Laura Fernández lidera en las encuestas de intención de voto, con un enfoque centrado en la seguridad y el combate al narcotráfico.
Ese mismo día se espera la llegada del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a Costa Rica para la colocación de la primera piedra de una cárcel que seguirá el modelo de su megaprisión para pandilleros. La exministra Fernández, considerada por algunos como la posible sucesora de Chaves, busca ganar en la primera vuelta y obtener una mayoría significativa en el Congreso para implementar reformas, similares a las que llevó a cabo Bukele, con el objetivo de transformar el poder judicial. La oposición costarricense ha indicado que esta visita busca fortalecer dicha línea de acción.
El director de la DIS evitó comentar si el supuesto complot está relacionado con el proceso electoral. “No quisiera ahondar en eso”, declaró en referencia al plan del que no proporcionó más detalles.
En Costa Rica, la reelección inmediata no es permitida, por lo que Chaves, a pesar de su considerable apoyo, no puede presentarse nuevamente como candidato. La oposición ha argumentado que dicho respaldo se fundamenta en un enfoque populista y retórico.
Torres también comunicó que se reforzará la seguridad del presidente y su familia, además de expresar su deseo de que las investigaciones de la Fiscalía avancen de manera ágil. Este pedido se da en un contexto de tensiones con la Fiscalía, una de las diversas instituciones con las que Chaves ha tenido conflictos durante su mandato, que incluyen la Corte Suprema de Justicia y el Congreso, a los que acusa de socavar su gobierno.
Por parte de estas instituciones, se ha manifestado que el presidente no respeta la independencia del poder y se le atribuyen tendencias autoritarias que amenazan el Estado de derecho costarricense, reconocido internacionalmente.
Chaves, quien cuenta con 64 años y es economista, enfrentó el año pasado dos procedimientos en el Congreso relacionados con el levantamiento de su inmunidad, uno por presunta corrupción y otro por su participación en política electoral; ambos fueron rechazados en votación del plenario legislativo.
