Reintroducción de las candidaturas independientes
Las candidaturas independientes vuelven a ser objeto de discusión en el Congreso Nacional, tras la reintroducción de un proyecto de ley que busca eliminar los artículos pertinentes en la Ley Orgánica del Régimen Electoral, que previamente habían sido objeto de polémica.
Detalles del proyecto de ley
El senador Ramón Rogelio Genao (PRSC-La Vega) presentó el día de ayer un proyecto de ley que propone derogar los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 20-23, la cual regula el sistema electoral del país y que excluye las candidaturas independientes. Esta iniciativa llega tras la caducidad de cuatro propuestas relacionadas que habían sido discutidas durante la pasada legislatura.
La reintroducción de este pliego legislativo responde a la sentencia TC/0788/24 del Tribunal Constitucional, que declaró que los artículos en cuestión no eran conformes a la Constitución, permitiendo así las candidaturas independientes mediante agrupaciones cívicas legalmente reconocidas. Con esta nueva legislación, Genao busca contrarrestar lo dictado por el Tribunal, alegando que la Constitución no contempla este tipo de postulaciones.
Asimismo, una comisión especial establecida en la Cámara de Diputados, bajo la presidencia de Elías Wessin (PQDC), presentó un informe desfavorable respecto a otros tres proyectos sobre candidaturas independientes que también caducaron, sugiriendo que la implementación de tales candidaturas demandaría una modificación constitucional.
Genao argumenta que las candidaturas independientes fueron incluidas en la Ley Orgánica del Régimen Electoral sin el respaldo constitucional necesario. Además, plantea que los candidatos independientes que logren ganar un cargo pueden enfrentar desafíos prácticos debido a la estructura del sistema político del país.
Contexto legal y constitucional
En la sentencia 0788 de 2024, el Tribunal Constitucional determinó que la imposición de requisitos como la dependencia de partidos políticos para poder postularse como candidato independiente limitaba el derecho de los ciudadanos a ser electos y a elegir, sin necesidad de una vinculación partidaria.
La discusión sobre las candidaturas independientes continúa, destacando la necesidad de un profundo análisis sobre su viabilidad dentro del marco legal y constitucional de la República Dominicana.

