By En una entrevista exclusiva para el programa Expresión Libre, transmitido por La Nave Digital, Sandra Montero denunció graves irregularidades y presunto abuso de autoridad por parte de la Fiscalía de Santo Domingo Este, señalando directamente a la fiscal Maribel Fernández, titular de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Sexual e Intrafamiliar.
El testimonio de la denunciante
Sandra Montero relató en detalle el conflicto que mantiene con su vecina, Mayerlin Rosario, quien supuestamente instaló cámaras de vigilancia apuntando hacia el baño de la vivienda de Montero, situación que la llevó a interponer una denuncia por amenazas, acoso e intimidación. Indicó que, a raíz de los hechos, ella y sus hijos menores de 8 y 11 años han sido objeto de hostigamientos constantes, lo que ha afectado sensiblemente la salud mental y emocional de los menores.
Según Montero, desde que comenzó el proceso legal, percibió un favorecimiento hacia la denunciada, quien presuntamente tiene lazos familiares dentro de la fiscalía local. “La fiscal Maribel Fernández me esposó, quitó el teléfono y permitió la toma de fotos y grabaciones sin informarme de las causas reales de mi detención. Nunca me explicaron el motivo ni la razón legal de tales medidas”, declaró la entrevistada.
Procedimientos y medidas cuestionadas
La denunciante aportó copias de citaciones, órdenes de alejamiento y documentos que respaldan su testimonio. Entre las irregularidades, señaló que la medida de coerción de firmar periódicamente en la fiscalía le fue impuesta directamente por la fiscal sin que un juez lo dispusiera, como exige la ley. “No sé por qué estoy obligada a firmar. Nadie, ni siquiera mis abogados, ha logrado saber las acusaciones en mi contra, pues en las notificaciones solo se menciona ‘asuntos de interés del departamento”, expuso Montero durante la entrevista.
Sandra Montero también explicó que en varias ocasiones las citaciones y detenciones parecían diseñadas más para presionarla a conciliar con la parte denunciada que para proteger a los menores involucrados. “Me dijeron que, si no hacía las paces con la vecina, me mandarían para Najayo, todo esto sin prueba ni acusación formal. De ser la víctima, me convirtieron en victimaria”, aseguró Montero.
Posibles implicaciones
La entrevistada denunció que estas actuaciones han provocado que pierda su empleo y viva bajo constante temor por la integridad de sus hijos. Durante la conversación se exhibieron documentos que, según la entrevistada, prueban la existencia de una cadena de intimidación, abuso e impunidad alrededor de su caso.
Montero apeló públicamente a la procuradora general de la República, Jenny Berenice Reinoso, para que investigue la actuación de la fiscal Maribel Fernández y garantice protección a sus hijos y a ella. “Aquí solo tiene justicia quien tiene conexiones en el poder. Pido que me digan de qué me acusan y que detenga el acoso a mis niños”, enfatizó.
Llamado a las autoridades y la sociedad
El conductor del programa, Juan Fajardo, reiteró la importancia de visibilizar el caso y llamó a la sociedad y a los abogados a solidarizarse y ofrecer asesoría técnica a la afectada. Además, exhortó a la Fiscalía a clarificar públicamente los procedimientos seguidos en este proceso y garantizar el debido proceso y la defensa de los derechos infantiles.
El caso, difundido a través de Expresión Libre, plantea serias interrogantes sobre la transparencia, imparcialidad y legalidad en el manejo de denuncias por violencia de género e intrafamiliar en la provincia de Santo Domingo Este. El equipo del programa se comprometió a dar seguimiento y difundir la denuncia, buscando que llegue a instancias superiores y se esclarezca la situación.
