By La seguridad de miles de estudiantes dominicanos está en el centro de una decisión sin precedentes: la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), adscrita al Ministerio de Educación (Minerd), ha ordenado la clausura y demolición de 57 escuelas en todo el país por representar un alto riesgo de colapso ante un evento sísmico. La medida, respaldada por una evaluación técnica rigurosa, marca un punto de inflexión en la política de infraestructura educativa de la República Dominicana.
Lo que reveló la evaluación técnica de las 57 escuelas
La decisión no fue arbitraria. La DIE actuó tras un proceso de diagnóstico estructural realizado en colaboración con 12 empresas de ingeniería, que identificó fallas críticas en los materiales de construcción y en el diseño de las estructuras de los planteles afectados. Los resultados fueron contundentes: ninguno de estos edificios cumple con las normativas antisísmicas vigentes, lo que los convierte en una amenaza latente para sus ocupantes.
La concentración geográfica del problema es significativa. La mayoría de las 57 escuelas clausuradas se ubican en la región Norte del país, con especial incidencia en provincias como La Vega y Puerto Plata, zonas históricamente expuestas a actividad sísmica. César Ramírez, ingeniero de planificación y secretario general del Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos (Codia), subrayó la importancia de estas evaluaciones como herramienta preventiva ante la vulnerabilidad geológica del territorio dominicano.
El contexto histórico explica en parte la magnitud del problema. Cerca del 50% de las edificaciones escolares del país fueron levantadas durante los gobiernos de Rafael Leónidas Trujillo y Joaquín Balaguer, períodos en los que las normativas antisísmicas simplemente no existían. Décadas de uso, mantenimiento insuficiente y ausencia de actualización estructural han agravado el deterioro de esas construcciones hasta hacerlas inviables.
Aulas modulares y un plan que apunta al año escolar 2026-2027
Ante la urgencia de garantizar la continuidad educativa, la DIE activó un protocolo de contingencia inmediato. Los estudiantes de los planteles clausurados han sido reubicados en recintos cercanos, y se han instalado aulas modulares prefabricadas como solución transitoria. Estas estructuras no son improvisadas: cumplen con criterios de resistencia sísmica y pueden construirse en plazos de entre 90 y 100 días. Hasta el momento, la DIE ha desplegado cerca de 500 aulas modulares en distintos puntos del país.
El director de la DIE, Roberto Herrera, fue explícito sobre los próximos pasos: “Las evaluaciones de campo nos obligaron a clausurar estos 57 planteles por riesgo sísmico. La meta inmediata es la licitación para su demolición total y la construcción de nuevos liceos y politécnicos adaptados a la normativa actual”. La hoja de ruta proyecta que para el año escolar 2026-2027 se incorporarán 1,500 nuevas aulas y se licitarán entre 265 y 300 planteles adicionales con problemas estructurales identificados.
El alcance del plan va más allá de las demoliciones. Herrera también informó que la DIE ha avanzado en la reparación de 1,554 recintos escolares con deterioro estructural, adjudicando contratos a empresas del sector construcción. Paralelamente, se han reactivado aproximadamente 400 de los 711 planteles catalogados como inconclusos desde el año 2020, una deuda histórica que el organismo busca saldar de forma progresiva.
El presupuesto que define el ritmo del cambio
Transformar la infraestructura escolar dominicana tiene un costo concreto. La DIE ha solicitado un presupuesto inicial de RD$23,000 millones para afrontar el conjunto de intervenciones necesarias. Sin embargo, la asignación actual oscila entre RD$16,000 millones y RD$17,000 millones, una brecha que condiciona el ritmo de ejecución del plan y obliga a priorizar las intervenciones más urgentes.
La diferencia entre lo solicitado y lo asignado no es un detalle menor: determina cuántas de las 57 escuelas demolidas podrán ser reemplazadas en el corto plazo y a qué velocidad se avanzará en la licitación de los cientos de planteles con vulnerabilidades estructurales pendientes de atención. El desafío presupuestario convierte este proceso en una carrera contra el tiempo en un país donde la amenaza sísmica no espera.
