By La Policía Nacional amaneció con una señal clara de que su nueva conducción no llegó a administrar el statu quo. El mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, designado director general de la institución el 18 de agosto, emitió uno de sus primeros actos formales de mando: un memorándum que obliga a todos los directivos y comandantes a presentar su declaración jurada de patrimonio en un plazo máximo de 30 días, bajo pena de destitución inmediata.
La orden que sacude los mandos de la Policía Nacional
El documento fue dirigido a los directores centrales, regionales y de áreas, así como a los comandantes departamentales de todo el país. En él, Rodríguez García recordó que la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio y su Reglamento de Aplicación 92-16 establecen la obligación expresa de ciertos funcionarios públicos de declarar sus bienes ante la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. No se trata de una invitación ni de una recomendación: es una exigencia legal que, según el memorándum, comenzó a correr desde el momento en que cada destinatario recibió el documento.
La advertencia es directa y sin margen de interpretación. Los miembros que incumplan con esta disposición serán destituidos de su cargo y sancionados conforme a los reglamentos vigentes de la institución. En una corporación donde la cultura del silencio patrimonial ha sido históricamente tolerada, el tono del mensaje marca una ruptura con la inercia institucional.
Lo que revela esta medida sobre la nueva administración
Que esta orden sea una de las primeras acciones formales de Rodríguez García no es un detalle menor. Las decisiones que toma un nuevo director en sus primeras semanas definen el perfil de su gestión y envían mensajes hacia adentro y hacia afuera de la institución. En este caso, el mensaje apunta directamente a la transparencia y a la rendición de cuentas como ejes de la nueva conducción.
El contexto político también importa. Rodríguez García fue designado por el presidente Luis Abinader, cuya administración ha sostenido como bandera el fortalecimiento de los mecanismos de control en las instituciones del Estado. La exigencia de declaración patrimonial en la Policía Nacional encaja en esa narrativa, pero su valor real dependerá de si el plazo de 30 días se cumple con rigor o se convierte en un ejercicio formal sin consecuencias reales.
- La Ley 311-14 obliga a funcionarios públicos a declarar su patrimonio ante la Cámara de Cuentas.
- El Reglamento de Aplicación 92-16 regula los procedimientos y plazos para dicha declaración.
- El plazo de 30 días corre desde la recepción del memorándum por cada destinatario.
- El incumplimiento acarrea destitución y sanciones conforme a los reglamentos internos de la Policía Nacional.
La medida alcanza a los niveles más altos del organigrama policial: directores centrales, regionales, de áreas especializadas y comandantes departamentales. Es decir, no se trata de una disposición dirigida a mandos medios o bajos, sino a quienes concentran poder de decisión y, con frecuencia, también acceso a recursos institucionales. Eso amplifica el alcance simbólico y práctico de la orden.
En los próximos días se sabrá si la Policía Nacional responde con la celeridad que exige el memorándum o si el plazo se convierte en el primer test de autoridad del nuevo director. Lo que ya está claro es que Rodríguez García eligió la transparencia patrimonial como su primera carta sobre la mesa.
