By Una auditoría a CONAPE realizada por la Contraloría General de la República ha encendido las alarmas sobre el manejo de los recursos destinados a los adultos mayores más vulnerables del país. El informe revela que beneficiarios del programa Familias de Cariño perciben simultáneamente salarios de hasta RD$200,000 mensuales en nóminas del Estado dominicano, una contradicción directa con el espíritu solidario que justifica la existencia de esos fondos públicos.
Lo que revela la auditoría a CONAPE sobre sus beneficiarios
El hallazgo más impactante del informe apunta a casos concretos y verificables. Un envejeciente inscrito en el padrón del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) figura al mismo tiempo como Asesor del Ministerio de Energía y Minas, cargo por el que recibe un salario mensual de RD$200,000. En paralelo, se identificaron cuidadores del programa con ingresos significativos del erario, entre ellos un asesor vinculado a la Presidencia de la República que percibe RD$121,000 al mes.
Estos casos ilustran una falla estructural en los mecanismos de verificación del organismo: el programa no cruza su padrón de beneficiarios con las nóminas del Estado antes de aprobar las asistencias. El resultado es que fondos concebidos para personas en extrema vulnerabilidad terminan fluyendo hacia funcionarios con ingresos holgados, vaciando de sentido el objetivo social de la política pública.
A esto se suma la ausencia de documentación mínima en los expedientes de los beneficiarios. La auditoría constató que múltiples casos carecen de los requisitos formales exigidos para ingresar al padrón, incluyendo informes médicos que acrediten el estado de salud y la necesidad real de los adultos mayores registrados. Sin esa base documental, resulta imposible garantizar que la ayuda llegue a quienes verdaderamente la necesitan.
Pagos sin soporte y más de RD$162 millones en libramientos irregulares
Las irregularidades no se limitan a quién recibe los fondos, sino también a cómo se procesan los pagos. La auditoría identificó que CONAPE procesó 20 libramientos y 15 cheques sin los soportes documentales requeridos por la normativa vigente, acumulando un monto superior a los RD$162 millones. Esos pagos carecían del Registro de Proveedor del Estado y de las certificaciones de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Tesorería de la Seguridad Social, controles preventivos básicos para cualquier erogación estatal.
En el plano de la planificación institucional, el informe registró subejecuciones por un total de RD$203,130,776.03, cifra que refleja deficiencias operativas en la ejecución de proyectos aprobados durante este cuatrienio. Proyectos que fueron presupuestados y aprobados no se ejecutaron en los plazos ni con los alcances previstos, lo que compromete la capacidad real del organismo para cumplir su mandato.
A ese cuadro se añade una incongruencia contable de más de RD$27 millones entre los datos manejados por la Dirección Administrativa-Financiera (DAF) y la información publicada en el portal de transparencia institucional. La discrepancia no solo evidencia desorden interno, sino que también socava la confianza ciudadana en los mecanismos de rendición de cuentas del Estado.
Estados financieros que no cumplen normas internacionales
El cierre del informe es contundente en materia contable: los estados financieros de CONAPE no cumplen con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público estipuladas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Esta conclusión no es un tecnicismo menor; implica que la información financiera del organismo no ofrece garantías suficientes de fiabilidad ni comparabilidad, lo que dificulta cualquier ejercicio de supervisión externa.
La auditoría también detectó diferencias significativas entre la ejecución presupuestaria real y los planes operativos de compras y contrataciones para 2024, lo que apunta a una desconexión entre la planificación formal y la gestión cotidiana de la institución. En conjunto, los hallazgos configuran un patrón de debilidades que abarca desde la selección de beneficiarios hasta el cierre contable del ejercicio.
Los resultados de esta auditoría a CONAPE plantean una exigencia clara: reformar los controles internos del organismo para garantizar que los recursos destinados a la protección de los adultos mayores en situación de vulnerabilidad lleguen efectivamente a quienes los necesitan. La Contraloría General de la República ha puesto los datos sobre la mesa; la respuesta institucional determinará si las fallas identificadas se corrigen o se perpetúan.
