By El Pleno del Congreso de los Diputados de España rechazó este viernes dos reales decretos-ley impulsados por el Gobierno para ampliar la oferta de vivienda asequible y reforzar la estabilidad de los contratos de alquiler. La doble derrota parlamentaria deja sin efecto un paquete de medidas que combinaba incentivos fiscales, avales millonarios y nuevas protecciones para inquilinos en situación vulnerable, en un momento en que el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales del país.
El decreto de vivienda asequible cae con 178 votos en contra
El Real Decreto-ley 26/2026, centrado en proteger la función social de la vivienda y ampliar el parque de vivienda asequible, no alcanzó los apoyos necesarios en la votación parlamentaria: obtuvo 172 votos a favor y 178 en contra. La norma planteaba un conjunto de medidas tanto temporales como estructurales que habrían transformado de forma significativa el mercado residencial español.
Entre sus disposiciones más relevantes figuraban restricciones a ciertos tipos de adquisición de vivienda vigentes hasta finales de 2028, mecanismos específicos para evitar desahucios de personas en situación vulnerable y nuevas condiciones para certificar la condición de gran tenedor. El texto también introducía modificaciones fiscales de amplio alcance, con cambios en el IRPF, IVA, Impuesto sobre Sociedades, IBI y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Uno de los ejes centrales del decreto era el impulso al parque público de vivienda mediante dos instrumentos concretos:
- La creación del Fondo de Vivienda de Impacto Social, orientado a financiar proyectos de alquiler social o asequible.
- Una línea de avales de 2.000 millones de euros para respaldar esos mismos proyectos.
El paquete contemplaba además hasta 280 millones de euros en avales para apoyar la financiación del ICO a pequeñas y medianas empresas que emplearan métodos de construcción industrializada, así como préstamos sin intereses ni comisiones para facilitar el acceso a la vivienda, cubriendo hasta el 20% del valor del inmueble con un límite de 50.000 euros por operación.
Lo que revela el rechazo al decreto de arrendamientos
La segunda derrota del Gobierno llegó con el Real Decreto-ley 27/2026, que buscaba reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. Esta propuesta fue rechazada con una mayoría aún más amplia: 166 votos a favor y 184 en contra. El texto modificaba la Ley de Arrendamientos Urbanos en varios puntos clave que habrían alterado de forma sustancial la relación entre propietarios e inquilinos.
Las principales novedades que proponía el decreto eran las siguientes:
- Extensión de la duración de los contratos mediante prórrogas tras cinco años de contrato, o siete años si el propietario era una persona jurídica.
- Ampliación del periodo de preaviso del arrendador de cuatro a seis meses para comunicar la decisión de no prorrogar.
- Obligación de abonar al inquilino una compensación equivalente a, al menos, doce mensualidades de renta en caso de notificación correcta de no renovación, salvo en los supuestos expresamente excluidos por la norma.
La propuesta representaba un giro notable hacia la protección del arrendatario, al equilibrar la balanza en favor de la estabilidad residencial frente a la libertad del propietario para recuperar el inmueble. Su rechazo deja intacto el marco legal vigente y frustra las expectativas de miles de inquilinos que aguardaban una mayor seguridad contractual.
Un doble revés que paraliza la política de vivienda asequible
Con la no convalidación de ambos textos, el Gobierno pierde dos de sus principales herramientas legislativas para intervenir en el mercado residencial. Las iniciativas presentadas reflejaban un esfuerzo por abordar la crisis de acceso a la vivienda asequible en España, un problema que ha escalado en los últimos años ante el encarecimiento generalizado del alquiler y la compraventa en las grandes ciudades y sus áreas metropolitanas.
El rechazo parlamentario no solo bloquea las medidas concretas previstas, sino que también envía una señal política sobre la dificultad del Ejecutivo para construir mayorías en torno a uno de los asuntos de mayor sensibilidad social. Sin los avales, los fondos de impacto social ni las nuevas condiciones de arrendamiento, la política de vivienda asequible deberá buscar otros cauces legislativos para avanzar, en un contexto donde la presión ciudadana sobre este tema no muestra señales de remitir.
