By La diputada del PRM, Milys Yohanny Martínez, fue arrestada por agentes de la Policía Nacional durante las fiestas patronales de Comendador, en la provincia Elías Piña. El incidente, ocurrido en medio de un operativo por ruidos molestos, derivó en un enfrentamiento verbal que terminó con la legisladora trasladada al destacamento policial junto a un joven que también fue detenido. La situación ha encendido las alarmas sobre los límites de la actuación policial frente a miembros del Congreso Nacional.
Lo que desató el conflicto en Comendador
Todo comenzó cuando efectivos policiales respondieron a una denuncia por el alto volumen de música proveniente de un vehículo en un “teteo” celebrado en el marco de las festividades patronales. Los agentes solicitaron a los presentes que redujeran el volumen y guardaran el equipo de sonido, pero la petición no fue bien recibida.
La situación escaló cuando, por instrucciones del comandante del destacamento, los policías intentaron confiscar el vehículo con el equipo musical. Un joven se resistió a la medida y fue esposado en el lugar. Fue en ese momento cuando la diputada Martínez intervino para defenderlo, lo que generó un enfrentamiento verbal directo con los agentes.
Lejos de desescalar, el altercado terminó con la legisladora detenida y trasladada junto al joven al destacamento de Comendador. Las circunstancias exactas del arresto, incluyendo si se siguieron los protocolos correspondientes ante una representante del Congreso, permanecen sin aclarar.
La diputada del PRM y el silencio oficial que inquieta a Elías Piña
El hecho ha generado una ola de inquietud en la provincia de Elías Piña. Que una legisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) haya sido detenida por agentes del orden en un evento público no es un asunto menor: plantea preguntas directas sobre el respeto a las prerrogativas constitucionales de los miembros del Congreso Nacional y sobre los procedimientos aplicados durante el operativo.
Hasta el momento, la Policía Nacional no ha emitido ninguna declaración oficial que explique las razones de la detención de la diputada ni que confirme si los agentes actuaron conforme a la legalidad. Tampoco se ha informado si Martínez tiene intención de presentar una denuncia formal por lo ocurrido.
La ausencia de una respuesta institucional alimenta la incertidumbre. En casos que involucran a legisladores, las autoridades están obligadas a ofrecer explicaciones claras sobre los procedimientos aplicados, especialmente cuando la detención se produce en el contexto de un evento público y ante testigos. La ciudadanía de Elías Piña, y el propio Congreso Nacional, esperan que las instituciones involucradas aclaren con prontitud lo sucedido.
Prerrogativas legislativas bajo la lupa
El incidente reaviva un debate recurrente en la República Dominicana sobre los límites de la actuación policial frente a funcionarios electos. Los legisladores gozan de ciertas prerrogativas constitucionales que buscan garantizar el libre ejercicio de su mandato, y cualquier detención que los involucre exige un escrutinio especial por parte de las autoridades competentes.
Lo que comenzó como un operativo por ruidos en una fiesta patronal se ha convertido en un caso con implicaciones institucionales que trascienden a Comendador. La diputada del PRM Milys Yohanny Martínez y los agentes que la detuvieron están ahora en el centro de una controversia que demanda respuestas concretas: si los procedimientos fueron correctos, las autoridades deben demostrarlo; si no lo fueron, deben asumir las consecuencias.
