By El diputado Yancarlos Simanca tomó la palabra esta semana para salir en defensa del exalcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, luego de que trascendieran hallazgos preliminares de una auditoría de la Cámara de Cuentas sobre la gestión municipal de los años 2021 y 2022. La intervención del legislador abrió un debate sobre los límites entre la transparencia pública y la presunción de inocencia cuando los procesos de revisión aún no han concluido.
Lo que reveló la auditoría que sacudió a Santo Domingo Este
Según una publicación de El Nuevo Diario, el informe preliminar de la Cámara de Cuentas identificó observaciones agrupadas en cinco categorías de pagos y contratos que suman más de RD$1,800 millones. Entre los señalamientos más relevantes figuran los siguientes:
- Falta de documentos respaldatorios de pagos de nómina por RD$1,363 millones.
- Ausencia de documentación relacionada con obras en la Plaza Juan Pablo Duarte.
- Falta de soportes sobre trabajos realizados en el cementerio Cristo Salvador.
- Documentación incompleta vinculada al bar de Chencha.
El propio medio aclaró que el carácter preliminar del informe implica que los hallazgos no equivalen a una condena ni confirman que los recursos hayan desaparecido. Los responsables de la gestión auditada tienen el derecho y la oportunidad de presentar justificaciones y pruebas documentales ante el organismo fiscalizador. Es una distinción que, en el fragor del debate público, suele perderse con facilidad.
Simanca y la defensa de Manuel Jiménez: ética frente a señalamientos
Fue en ese contexto donde Simanca decidió intervenir. Durante una entrevista en el programa Eco Urbano del Grupo Diario Eco, el legislador describió a Manuel Jiménez como un individuo de sólida trayectoria ética y cuestionó con dureza la difusión de acusaciones antes de que el proceso de revisión esté completo. Su argumento central fue que publicar señalamientos no confirmados puede dañar irreparablemente la reputación de una persona.
«Manuel Jiménez es más serio que Dío Astacio un millón de veces», aseveró Simanca, estableciendo una comparación directa entre el exalcalde y el actual titular del municipio, Dío Astacio. La frase, cargada de intención política, no solo buscaba reivindicar a Jiménez, sino también lanzar una advertencia implícita sobre cómo será evaluada la gestión presente cuando llegue su turno ante los organismos de control.
El diputado fue más allá y planteó una pregunta retórica que resume su postura: «¿Qué sucederá cuando se ensucie la imagen de una persona tan ética como lo es Manuel Jiménez?». Con ello, instó a los medios de comunicación a ejercer mayor cautela al divulgar informaciones que provienen de procesos aún abiertos, donde las conclusiones definitivas no han sido emitidas.
La posición de Jiménez y el valor de la documentación pública
Por su parte, Manuel Jiménez no se mantuvo al margen. El exalcalde defendió públicamente la importancia de preservar la documentación pública como garantía de transparencia y respondió a los señalamientos con una declaración contundente: «¡La honestidad no se negocia!». La frase, breve pero directa, sintetiza la estrategia comunicacional que ha adoptado frente a la auditoría: no eludir el proceso, sino confrontarlo desde la afirmación de su integridad.
El caso pone sobre la mesa una tensión recurrente en la gestión pública dominicana: la diferencia entre una observación contable —que puede resolverse con la presentación de documentos— y una irregularidad confirmada que implique responsabilidad penal o administrativa. La Cámara de Cuentas de la República Dominicana establece mecanismos precisamente para que los auditados puedan responder antes de que un informe adquiera carácter definitivo.
Mientras el proceso sigue su curso, el debate político ya está instalado. Simanca convirtió la defensa de Manuel Jiménez en una plataforma para cuestionar la gestión actual de Santo Domingo Este, y Jiménez respondió con una apuesta por la transparencia documental. Lo que determine la Cámara de Cuentas en su informe final será, en última instancia, el único veredicto que importe.
