República Dominicana se prepara para dar uno de los pasos más ambiciosos de su historia minera: invertir aproximadamente US$80 millones en los próximos dos años para explorar y verificar sus depósitos de tierras raras, minerales estratégicos cuya demanda global no ha dejado de crecer ante la transición energética y el auge tecnológico. El objetivo es claro: determinar si el país realmente alberga uno de los yacimientos más significativos del hemisferio.
Lo que revelan los US$80 millones destinados a tierras raras
La inversión no llega de golpe. De la suma total, cerca de US$40 millones han sido asignados a las actividades de exploración que se ejecutan durante este año, y se estima que para 2027 se destinará una cantidad adicional similar. El funcionario Santos precisó que a finales de diciembre se espera presentar la primera evaluación de recursos minerales, un informe que, mediante métodos estadísticos certificados, establecerá con rigor técnico la cantidad de material presente en el subsuelo dominicano.
Esa primera evaluación será determinante: confirmará o ajustará la estimación inicial de 100 millones de toneladas de tierras raras, una cifra que, de sostenerse, colocaría al país en el mapa global de proveedores estratégicos de estos minerales. Para llegar a ese punto, las autoridades ya han recogido más de 6,000 muestras, procesadas en laboratorios internacionales bajo procedimientos metodológicos estándares que garantizan la validez científica de los resultados.
La hoja de ruta que podría cambiar la economía dominicana
El proceso no termina con la evaluación de diciembre. El cronograma trazado por las autoridades contempla una secuencia técnica precisa que se extenderá hasta mediados de 2027 y que incluye etapas críticas:
- Primer semestre de 2027: proceso de metalurgia para someter los minerales a pruebas de separación e identificar los elementos que contienen.
- Mediados de 2027: declaración formal de reservas, que establecerá la cantidad de tierras raras identificadas, su caracterización y composición exacta.
Según Santos, esa declaración de reservas será un activo significativo para el país, ya que proporcionará una certificación técnica que permitirá conocer con mayor precisión el potencial económico real de estos recursos. En términos prácticos, es el documento que abre la puerta a negociaciones con inversores internacionales y a la estructuración de proyectos de explotación a gran escala.
Energía eléctrica: la otra apuesta de US$700 millones
Paralelo al avance minero, el Gobierno dominicano también enfrenta una agenda energética de gran envergadura. Santos señaló que el país planea abrir una licitación para generación de energía en el futuro próximo, en respuesta al aumento sostenido en la demanda eléctrica nacional. La inversión proyectada en el sistema de distribución supera los US$700 millones para los próximos dos años, con un plan de capital adicional de US$400 millones para 2027.
Esos recursos se destinarán a fortalecer las redes, reducir las pérdidas de energía, mejorar la cobranza y elevar la calidad del servicio. El programa incluye la intervención de cerca de 1,800 kilómetros de redes eléctricas y la incorporación de 18 subestaciones al sistema, con el respaldo de organismos multilaterales. En cuanto a la tarifa eléctrica, el funcionario reconoció que desde un punto de vista técnico sería adecuado ajustarla y revisar los subsidios, aunque advirtió que esa decisión trasciende la política energética y requiere un enfoque económico y social más amplio. La exploración de tierras raras y la modernización eléctrica configuran, juntas, la apuesta más ambiciosa del Estado dominicano por transformar su matriz productiva en la segunda mitad de esta década. Más información sobre los estándares internacionales de certificación minera está disponible en el sitio del Comité para la Presentación de Informes de Reservas Minerales Internacionales (CRIRSCO).

