La Fuerza Nacional Progresista (FNP), liderada por su presidente Pelegrín Castillo, presentó una declaración formal en la que identifica siete áreas críticas que demandan políticas de Estado preventivas y acciones estructurales para enfrentar los desafíos derivados de las crisis globales y su impacto directo en la República Dominicana. El documento no es un simple diagnóstico: es una hoja de ruta con propuestas legislativas concretas que la organización pretende impulsar ante las autoridades competentes.
Las áreas críticas que la FNP pone sobre la mesa
El primer frente que aborda la declaración es el energético. La FNP manifestó la necesidad de revisar la resolución SIE 007-2026 de la Superintendencia de Electricidad, que impone un recargo del 25% a individuos y empresas beneficiarias de incentivos para el uso de energías renovables. Castillo argumentó que esta medida contradice los objetivos de la Ley 57-07, diseñada precisamente para democratizar el acceso a fuentes renovables. Como respuesta, la organización adelantó su intención de promover una modificación legislativa que extienda los incentivos a la fabricación local de baterías, un paso que consideran clave para reducir la dependencia energética del país.
En materia de combustibles, la FNP propuso modificar la Ley 112-00 de Hidrocarburos para establecer un mecanismo de fijación de precios más transparente y equitativo. Según la organización, el sistema actual genera distorsiones que afectan de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la población. Para reforzar esta iniciativa, informaron que están elaborando un proyecto de ley de iniciativa popular vinculado a este tema.
Agua, Mipymes y soberanía: lo que revela el diagnóstico completo
Castillo recordó que hace más de 15 años está pendiente la aprobación de un proyecto de ley sobre eficiencia energética y ahorro de recursos hídricos, una demora que calificó de inaceptable ante la urgencia climática. En esa misma línea, la FNP solicitó la aprobación de los marcos regulatorios para la Ley General de Agua y la Ley de Agua Potable y Saneamiento, alertando sobre la contaminación progresiva de fuentes hídricas y el deterioro de cuencas estratégicas para el país.
Otro de los puntos que concentra la atención del documento es la facturación electrónica. La organización hizo un llamado a reconsiderar los procedimientos de implementación de esta obligación, señalando que muchas micro, pequeñas y medianas empresas —las Mipymes— aún no están en condiciones técnicas ni financieras para cumplirla. Como alternativas, propusieron aplicar la rifa fiscal prevista en la legislación vigente y establecer un tributo único y simplificado que facilite la formalización de los pequeños negocios, sin ahogarlos con cargas administrativas.
En el ámbito agropecuario, la FNP instó a considerar la condición insular de República Dominicana al definir las normas zoosanitarias y fitosanitarias. Castillo criticó la aplicación de criterios diseñados para países continentales y propuso fortalecer las capacidades nacionales de control, restablecer el Comité OTC/MSF Insular en el Ministerio de Agricultura y construir un sistema de vigilancia alineado con los estándares de la Organización Mundial del Comercio.
El capítulo más sensible del documento corresponde a la seguridad nacional. La FNP alertó sobre el incremento de flujos económicos provenientes de Haití y del exterior que, según afirmaron, no están siendo fiscalizados adecuadamente por las autoridades dominicanas. A esto se suma la preocupación expresada por los posibles efectos del proyecto de la empresa vietnamita Viettel en el país, particularmente en lo relacionado con sus planes de monederos digitales e infraestructuras de telecomunicaciones 4G y 5G, cuya expansión consideran que debe ser evaluada con criterios de soberanía tecnológica.
Reformas estructurales, no medidas reactivas
Pelegrín Castillo cerró la declaración con un mensaje que resume la postura de la organización: los retos energéticos, fiscales, hídricos, agropecuarios, tecnológicos y de seguridad que enfrenta República Dominicana no pueden resolverse con parches. Requieren soluciones estructurales que anticipen escenarios de crisis, no que reaccionen ante ellos cuando ya es tarde. La FNP reiteró su llamado a las autoridades para impulsar las reformas legislativas e institucionales necesarias, con el argumento de que fortalecer la soberanía nacional es, en última instancia, la única garantía de estabilidad frente a un entorno global cada vez más volátil. Las siete áreas críticas identificadas por la organización constituyen, en conjunto, una agenda de política pública que sus dirigentes esperan colocar en el centro del debate legislativo durante los próximos meses.

