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Dicent demanda al Estado por RD$600 millones tras su absolución

Dicent demanda al Estado por RD$600 millones tras su absolución

Luis Maisichell Dicent, exadministrador de la Lotería Nacional, pasó de ser el acusado a convertirse en el demandante. El viernes 13 de noviembre de 2026, sus representantes legales presentaron una demanda en reparación de daños y perjuicios contra el Estado dominicano y la Procuraduría General de la República (PGR), reclamando una indemnización de RD$600 millones por los perjuicios que, según la defensa, le ocasionó un proceso penal que terminó con su absolución definitiva.

Lo que llevó a Dicent demanda al Estado dominicano

El argumento central de la acción legal descansa en una premisa contundente: Dicent fue acusado, procesado y privado de libertad, y al final fue absuelto. Para su defensa, esa secuencia no es un simple resultado judicial, sino la evidencia de un daño real y cuantificable. Según los abogados, su defendido estuvo 18 meses en prisión preventiva en el centro penitenciario de Najayo y otros dos meses bajo arresto domiciliario, medidas que impactaron de forma significativa su estabilidad personal y profesional.

La demanda no se limita al tiempo de reclusión. El equipo legal sostiene que el proceso afectó múltiples dimensiones de la vida de Dicent, desde su entorno familiar hasta su actividad productiva, pasando por su imagen pública en la sociedad dominicana. La exposición mediática del caso y las restricciones impuestas durante el proceso habrían deteriorado su reputación y cerrado oportunidades de desarrollo económico y profesional que, según la defensa, difícilmente podrán recuperarse sin una compensación formal.

Los daños que justifican los RD$600 millones reclamados

La cifra de RD$600 millones no es arbitraria, al menos según la perspectiva de los demandantes. Los representantes legales de Dicent desglosan los perjuicios en varias categorías que buscan reflejar la magnitud del impacto sufrido:

  • Daños personales derivados de la privación de libertad y el arresto domiciliario.
  • Afectación al núcleo familiar y a las relaciones personales durante el proceso.
  • Pérdidas económicas vinculadas a la interrupción de su actividad productiva.
  • Deterioro de su reputación y de su imagen pública ante la sociedad dominicana.
  • Impacto en su proyecto de vida y en sus perspectivas de desarrollo profesional.

La defensa califica de infundada la acusación que originó el proceso penal y subraya que la absolución definitiva es el elemento jurídico que habilita esta reclamación. En su lectura, si el Estado acusó sin fundamento suficiente y esa acusación generó daños concretos, la responsabilidad de reparar esos daños recae sobre las instituciones que impulsaron el proceso.

Lo que el tribunal aún no ha decidido

La presentación de la demanda abre una nueva etapa judicial, pero no anticipa su resultado. Como es habitual en este tipo de procedimientos, el hecho de que la acción haya sido interpuesta no implica que el tribunal haya reconocido la responsabilidad del Estado dominicano o de la Procuraduría General de la República, ni que haya aprobado la indemnización solicitada. La decisión final dependerá de la evaluación judicial de los hechos, de las pruebas aportadas por ambas partes y de la verificación de los requisitos legales que exige el marco normativo dominicano para reconocer daños indemnizables.

Lo que sí queda claro es que el caso Dicent regresa al escenario judicial con una lógica invertida: quien antes ocupaba el banquillo de los acusados ahora exige cuentas a las instituciones que lo procesaron. La cifra demandada, la trayectoria del expediente y los argumentos de ambas partes serán analizados en el procedimiento correspondiente, en un proceso que promete reabrir el debate sobre los límites de la acción penal del Estado y las consecuencias de una absolución definitiva en la República Dominicana.

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