By El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) presentó una querella penal ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra la empresa Dekolor, S.R.L. y sus directivos, por presuntos delitos de soborno, lavado de activos y extorsión, en relación con el sistema de emisión y renovación de licencias de conducir en República Dominicana.
Detalles de la acusación penal contra Dekolor
La acción, presentada el 4 de julio de 2025, acusa a Dekolor de intentar sobornar a funcionarios del INTRANT con ofertas que ascendían hasta un millón de dólares estadounidenses y 3 millones de pesos dominicanos mensuales. Según la querella, la finalidad de estos intentos era obtener una prórroga para el contrato de operación del sistema de licencias, a través de presiones y amenazas a empleados públicos.
El contrato inicial, suscrito en enero de 2020 con duración de cinco años, facultaba a Dekolor para gestionar 21 centros de atención. Sin embargo, el INTRANT alega que, pese a modificaciones realizadas al contrato mediante adendas no autorizadas, la empresa buscó prolongar su vigencia sin un proceso competitivo, contraviniendo lo establecido legalmente.
Delitos y evidencias presentadas
- Soborno: Ofrecimiento de sumas millonarias a funcionarios para influir en la renovación del contrato.
- Lavado de activos: Movimientos financieros sospechosos vinculados a la operación del sistema de licencias.
- Chantaje y estafa al Estado: Presiones y maniobras para obtener fondos y favores indebidos.
- Asociación de malhechores: Estructura organizada para manipular decisiones administrativas.
Implicaciones legales y precedente en casos de corrupción
Se trata de una querella poco común en el contexto dominicano, ya que normalmente el Ministerio Público representa al Estado en delitos de corrupción administrativa. La decisión de un funcionario de alto rango del INTRANT de iniciar directamente una acción penal resulta excepcional y podría marcar un antes y un después en la lucha institucional contra las prácticas corruptas en las entidades estatales.
La presentación de esta querella puede sentar un precedente relevante y abrir la puerta a futuras acciones legales frente a irregularidades de similares características en las administraciones públicas.
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