By La difamación pública y los chantajes mediáticos se han convertido en una amenaza para la ética en la comunicación en República Dominicana, según alertó la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos. Ante el crecimiento de estos casos, las autoridades han iniciado investigaciones para preservar tanto la libertad de prensa como la integridad de las personas y las instituciones.
Investigaciones del Ministerio Público por chantajes y difamación
Ramos indicó que el Ministerio Público ha recibido denuncias concretas sobre difamación y chantajes en el entorno mediático, iniciando investigaciones que involucran a figuras como Ángel Martínez e Ingrid Jorge. Ambos están señalados como responsables de difamar a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, así como a otras personalidades del sector público. La fiscal resaltó la importancia de analizar si estos hechos responden a un patrón repetitivo que configure un esquema de chantaje sistemático, usando indebida e irresponsablemente medios de comunicación como instrumentos de presión.
Pautas éticas en libertad de expresión
- Libertad de expresión: Es un derecho fundamental que no debe ser distorsionado para la manipulación ni la amenaza.
- Denuncias cruzadas: Se observa un aumento en demandas y acusaciones mutuas entre figuras públicas y periodistas en el país.
- Investigaciones legales: El Ministerio Público actúa para proteger el equilibrio entre libertad de prensa y derecho al honor.
Defensa de la ética en la comunicación y la integridad ciudadana
La fiscal Ramos enfatizó que el objetivo no es censurar voces, sino restaurar la decencia y la ética en la comunicación pública. Recalcó que la verdad no debe utilizarse como pretexto para extorsionar ni la opinión disfrazar la comisión de delitos. Las autoridades reafirman su compromiso de garantizar el respeto a los derechos de todos, preservando tanto la libertad de información como la honorabilidad de los afectados ante campañas difamatorias o presiones encubiertas.
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