By El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ha fijado la nueva fecha para la audiencia preliminar del caso conocido como Jet Set para el próximo 16 de marzo, garantizando así el cumplimiento de los plazos procesales correspondientes en este proceso judicial, que aún se encuentra en su fase inicial.
Durante la audiencia que tuvo lugar este lunes, el magistrado aplazó la reprogramación sin abordar el contenido del expediente. La función del Primer Juzgado de la Instrucción es evaluar los elementos presentados por ambas partes antes de proceder con los siguientes pasos judiciales, lo que se espera que ocurra tras la nueva fecha fijada.
La decisión de posponer la audiencia responde a la necesidad de permitir a las partes involucradas completar la revisión de los elementos probatorios que forman parte del expediente. El juez Mejía estima que, a través de estas dos jornadas, se podrá avanzar en el conocimiento de esta fase, que incluye a un total de 346 víctimas querellantes.
Además, se determinó que el 30 de enero se llevará a cabo una audiencia en la que los hermanos Antonio y Maribel Espaillat solicitarán autorización judicial para realizar un peritaje propio sobre las ruinas del centro nocturno que colapsó, lo que forma parte de su estrategia de defensa en el proceso penal.
El inicio de la audiencia preliminar se vio afectado por desafíos logísticos y de seguridad, lo que llevó a la intervención de la Policía Nacional. Se tomaron medidas de seguridad en las inmediaciones del Palacio de Justicia, incluyendo la colocación de vallas metálicas y la asignación de oficiales para controlar el acceso, debido a la convocatoria de protestas en ese lugar.
Los hermanos Espaillat ingresaron al Palacio de Justicia utilizando la puerta trasera, y posteriormente fueron recibidos en el salón de audiencia en medio de manifestaciones de apoyo y de demanda de justicia.
Desde la imposición de las medidas coercitivas en este caso, los hermanos han estado solicitando un nuevo peritaje para determinar las causales del colapso. Sin embargo, esta solicitud fue rechazada en noviembre por un juez, debido a que el Ministerio Público había presentado una acusación formal.
El Ministerio Público ha reunido un total de 338 pruebas que buscan condenar a los imputados por homicidio involuntario, siendo esta la calificación jurídica objeto de controversia por la reducción de la pena a dos años de prisión que conlleva.
