By La Procuradora General de la República, Berenice Reynoso, anunció una investigación sobre médicos y centros de salud en relación con un esquema de fraude que involucra procedimientos médicos innecesarios y falsos facturados al Seguro Nacional de Salud y Administradora de Riesgos de Salud (Senasa). Este caso se centra también en la imputación del director de Senasa, Santiago Hazim, junto a otras nueve personas.
Durante un encuentro con periodistas, Reynoso calificó de “absolutamente criminal” la práctica de realizar procedimientos como cateterismos y sesiones de radioterapia sin necesidad médica. Subrayó que la investigación ha permitido identificar a varios profesionales de la salud involucrados y aseguró que más personas serán imputadas. “Le puedo dar seguridad absoluta de que habrá más personas imputadas y sí, hay personas bajo investigación que son médicos”, indicó.
Reynoso explicó que, debido a la complejidad de la investigación relacionada con Senasa, se decidió dividir el caso en partes para facilitar su conocimiento judicial. Agregó que se investiga la posibilidad de que la realización de procedimientos innecesarios haya causado daños severos a los pacientes, incluyendo la pérdida de vidas.
En su intervención, la Procuradora hizo un llamado a la reflexión sobre las prácticas en el sector salud y destacó la importancia de no permitir que situaciones similares se repitan. Mencionó que en ocasiones, la atención médica se condiciona a la disponibilidad de fondos en el seguro del paciente en lugar de basarse en la necesidad médica.
Reynoso también precisó que se emplea el nuevo Código Procesal Penal para enmarcar este caso, que incluye a Santiago Hazim y otros implicados, tales como Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero de Senasa, y varios empresarios relacionados con el sector.
La Procuradora afirmó que el número de personas sometidas por este expediente será mayor al de los arrestos actuales, y destacó que cualquier individuo que haya manipulado fondos del Seguro Nacional de Salud deberá rendir cuentas ante la justicia. “Este es un caso de altísima prioridad”, concluyó Reynoso, enfatizando el compromiso del Ministerio Público para lograr sanciones ejemplares y la restitución de los recursos malversados.
La investigación continúa en desarrollo y se espera que genere importante repercusión en la percepción pública sobre la gestión de los servicios de salud en el país.
