By La Casa Blanca ha informado que los despidos de trabajadores del sector público son inminentes debido al cierre del Gobierno federal iniciado el pasado miércoles, que resultó de la falta de consenso entre los partidos republicano y demócrata en el Congreso.
Declaraciones de la Casa Blanca y medidas inminentes
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró en rueda de prensa: “Consideramos que los despidos son inminentes. Lamentablemente, son una consecuencia de la paralización del Gobierno”, atribuyendo a los demócratas la responsabilidad del cierre.
En otro comunicado, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, indicó en una conversación con periodistas que la implementación de estas medidas podría ocurrir en “dos días”. Leavitt, por su parte, no proporcionó detalles sobre la fecha o el volumen de los posibles despidos.
Política de reducción administrativa y propuestas rechazadas
En alineación con la política del Gobierno de Donald Trump, que busca reducir la administración, la Oficina de Gestión y Presupuesto había enviado previamente un memorando a las agencias federales solicitando identificar programas considerados no esenciales para proceder con los despidos si el cierre se prolonga.
El Senado rechazó, el mismo miércoles, dos propuestas presupuestarias de ambos partidos con la intención de finalizar el cierre parcial gubernamental. La Administración Trump acusa a los demócratas de exigir incrementos en el presupuesto y subsidios sanitarios, argumentando que buscan ofrecer atención sanitaria gratuita a inmigrantes en situación irregular.
Impacto en empleados federales
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, alrededor de 750,000 empleados federales no esenciales han sido suspendidos temporalmente de sus funciones y salarios debido al cierre. Entretanto, más de 1.5 millones de funcionarios, incluidos aquellos en seguridad y control aéreo, continúan trabajando sin recibir sus salarios hasta que la situación se resuelva.
La situación actual plantea un desafío significativo para el Gobierno y los empleados afectados, mientras se espera una resolución que permita reanudar las operaciones normales y asegurar los salarios de los trabajadores.
