Cuatro personas vinculadas al Instituto Leonardo Da Vinci fueron arrestadas por el Ministerio Público en relación con la muerte por homicidio involuntario de una menor de 11 años, Stephora Anne-Mircie Joseph. La niña falleció en la hacienda Los Caballos, ubicada en Gurabo, durante una excursión organizada por la institución educativa.
Detalles de los arrestos en el Instituto Leonardo Da Vinci
Las detenidas son Yris del Carmen Reyes Adames, quien ocupa el cargo de directora administrativa del Instituto Leonardo Da Vinci; Gisela González, quien se desempeña como coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora del centro; y Vilma Altagracia Vargas Morel, encargada de coordinar el nivel secundario.
Investigación del Ministerio Público sobre la muerte de la menor
El deceso de la menor ocurrió el pasado 14 de noviembre en el mencionado recinto recreativo de Gurabo, a donde fue llevada junto a otros estudiantes del centro educativo, situado en la Carretera Don Pedro, Santiago de los Caballeros.
La Procuraduría General de la República, bajo la dirección de Yeni Berenice Reynoso, ha designado a Wilson Camacho y Olga Diná Llaverías como responsables de llevar a cabo la investigación. Ambos son procuradores vinculados a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y a la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf).
Según la información proporcionada por el Ministerio Público, 87 niños fueron trasladados al lugar de esparcimiento con solo tres cuidadoras asignadas. Además, se señala la falta de medidas de seguridad adecuadas, como salvavidas y chalecos de flotación, y la ausencia de consulta a los responsables de los menores sobre la capacidad de natación de los mismos.
Las investigaciones también revelaron, a través de material audiovisual, negligencia por parte de las responsables del cuidado de los menores así como de quienes estuvieron a cargo de la organización de la actividad recreativa.
Asimismo, el Ministerio Público ha exhortado al Ministerio de Educación a realizar una inspección conjunta del colegio con el fin de detectar cualquier práctica que pueda comprometer el bienestar de los estudiantes.

