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Fiscal Elizabeth Tucent alerta sobre auge y sanciones por fraudes piramidales

Fiscal Elizabeth Tucent alerta sobre auge y sanciones por fraudes piramidales

En una entrevista en el programa Casos Impacto, la fiscal y procuradora de corte de apelación Elizabeth Tucent abordó a profundidad el preocupante fenómeno de los fraudes financieros y las estafas piramidales en la República Dominicana. Actualmente adscrita al Departamento de Delitos Financieros de la Procuraduría General, Tousen compartió su experiencia de dos décadas en el Ministerio Público y reflexionó sobre los desafíos que la evolución tecnológica y la sofisticación de los delitos plantean al sistema de justicia.

Incremento de fraudes y lagunas legales en República Dominicana

La fiscal Tucent reconoció que, especialmente a raíz de la pandemia, los casos de fraudes financieros han experimentado un notable aumento. “Los casos que nos llegan al departamento son bastantes”, advirtió, señalando que la combinación de métodos tradicionales y el uso de medios electrónicos ha sofisticado las estafas y ampliado su alcance.

En el caso de las pirámides financieras, Tucent explicó que el Código Penal dominicano actual no contempla explícitamente el delito de estafa piramidal, lo que ha obligado a los fiscales a valerse de la tipificación de la estafa simple y de leyes complementarias, como la Ley 53-07 sobre delitos de alta tecnología y la Ley del Mercado de Valores. La fiscal precisó que solo a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal—prevista para agosto de 2026—las pirámides serán sancionadas de manera más severa y específica.

Novedades legales y penas ejemplarizantes

El debate sobre la figura de conocidos defraudadores, como el caso “Mantequilla”, sirvió para ilustrar vacíos legales y la reincidencia de los victimarios. Tucent detalló que, con el nuevo Código Penal, las penas para estafa piramidal podrán alcanzar hasta 20 años de prisión en casos agravados. “El legislador observó todos esos detalles para endurecer las sanciones, sobre todo cuando las víctimas son personas vulnerables o los implicados son funcionarios públicos”, explicó.

Respecto a señalizaciones de alerta ante estos engaños, la fiscal advirtió que promesas de “rendimientos exorbitantes” —como intereses mensuales de hasta un 30%— deben hacer sospechar a los ciudadanos. También se refirió al uso de intermediarios dentro de las estructuras piramidales y anunció que la nueva legislación contemplará sanciones tanto para los creadores como para quienes reclutan a otras personas.

Investigación, rastreo de activos y cooperación internacional

Consultada sobre la posibilidad de recuperar el dinero defraudado, Tucent destacó la implementación de nuevos procedimientos y sistemas de alerta, como el “plateado”, que opera en conjunto con Interpol, para rastrear activos incluso fuera del país y en criptoactivos. Subrayó la importancia de que las víctimas denuncien a tiempo, ya que la dilación suele dificultar la recuperación de fondos y la localización de los responsables.

La fiscal también enfatizó la reciente creación de departamentos que permiten a las víctimas contar con abogados defensores gratuitos durante el proceso penal, facilitando el acceso a la justicia, especialmente a quienes han perdido todos sus recursos.

Educación, prevención y cultura financiera

Tucent insistió en que la prevención y la educación financiera son esenciales para evitar la proliferación de fraudes. Señaló que incluso personas con experiencia en el sector financiero han caído víctimas de estos esquemas, en parte, por la ambición o la desinformación. Alertó sobre los riesgos de invertir en entidades no reguladas y recalcó que la nueva legislación finalmente contempla sanciones para estas estructuras fuera del sistema financiero formal.

Al final de la conversación, la procuradora hizo un llamado claro a todos los dominicanos: “Que se orienten, que busquen información y que inviertan solo en mercados financieros nacionales seguros”. Recalcó que ante cualquier sospecha o irregularidad, los ciudadanos pueden denunciar ante sus bancos, la Superintendencia de Bancos o las autoridades competentes, quienes están preparadas para ofrecer acompañamiento y defender los intereses de las víctimas.

 

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