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Hipólito Mejía exige aclaraciones a Rafael Burgos Gómez por acusaciones sobre pérdida de tierras

Hipólito Mejía exige aclaraciones a Rafael Burgos Gómez por acusaciones sobre pérdida de tierras

Resumen: El expresidente Mejía exige que se precise si las acusaciones del director de Bienes Nacionales lo involucran directamente, a su familia o administración.

Antecedentes

El director de Bienes Nacionales y del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Rafael Burgos Gómez, afirmó que el Estado dominicano perdió más de dos millones de tareas de tierras entre los años 2000 y 2020, y que el 70 % de esas tierras fue adquirido por diferentes sectores, muchas veces regaladas o vendidas a precios muy bajos.

Respuesta de Hipólito Mejía

El expresidente Hipólito Mejía, quien gobernó entre 2000 y 2004, envió una comunicación a Burgos Gómez manifestando su preocupación por las declaraciones, publicadas originalmente en una columna del 14 de julio. Hizo notar que Burgos Gómez desempeñó roles importantes durante su administración, como asesor para zonas francas y gobernador de la provincia Santo Domingo, además de haber sido parte de su proyecto político.

 

Mejía solicitó que, de existir acusaciones que lo involucren a él, a su familia o a su gestión, se detallen hechos, casos y expedientes concretos. También instó a que se aclare si dichas declaraciones se refieren a su desempeño como Secretario de Agricultura durante el gobierno de Antonio Guzmán Fernández.

Llamó a la transparencia y responsabilidad, señalando que acusaciones de esa naturaleza, sin pruebas concretas, pueden afectar el honor de quienes han servido públicamente.

Contexto adicional

Las declaraciones de Burgos Gómez forman parte de su discurso institucional, que también incluye la realización de un censo patrimonial del Estado dominicano entre 2023 y 2024, identificando 45,000 propiedades valuadas en aproximadamente 42 billones de dólares.

Queda pendiente que Burgos Gómez responda con claridad si sus acusaciones alcanzan al expresidente, su entorno o su gobierno.

¿Cuál debería ser el siguiente paso?

Es fundamental que el funcionario emita una respuesta pública detallada, facilitando acceso a expedientes o ejemplos concretos si existieran. Esto clarificaría el alcance de sus afirmaciones y protegería tanto la transparencia institucional como los derechos de los involucrados.

¿Crees que la difusión de estas declaraciones sin respaldo documental disminuye la credibilidad de las instituciones?

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