By La Ley que designa con el nombre de Doctor José Francisco Peña Gómez la Circunvalación de Santo Domingo, aprobada por la Cámara de Diputados el 8 de enero de 2025, aún no ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo. Este hecho ha suscitado interrogantes sobre el proceso legislativo y el cumplimiento de la Constitución, abriendo un debate importante sobre los procedimientos y los plazos legales en la República Dominicana.
Procesos y controversias en torno a la promulgación de leyes
Desde su aprobación, la ley permanece en un limbo legislativo, pues el Poder Ejecutivo recibió el documento el 10 de enero, pero no ha tomado una decisión definitiva. Según la Constitución, el presidente de la República tiene un plazo máximo de cinco o diez días, dependiendo del carácter de la legislación, para pronunciarse sobre una ley recibida. En este caso, dichos términos no se han cumplido, lo que genera nuevos cuestionamientos sobre el estatus legal de la legislación y el correcto seguimiento de los procedimientos parlamentarios.
Debate político e institucional
- Iniciativa legislativa: El proyecto fue impulsado por Cristóbal Venerado Antonio Castillo Liriano, legislador representante de Hato Mayor.
- Opinión de partidos: El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha señalado que la ley podría ser divisiva dentro de la sociedad.
- Propuesta alternativa: El presidente Luis Abinader ha planteado que la Circunvalación sea nombrada en honor al Profesor Juan Bosch.
- Constitución y plazos: El artículo 101 de la Carta Magna dispone que si el presidente no devuelve una ley con observaciones, debe promulgarla en los plazos legales, y en caso contrario, la ley se considera promulgada automáticamente, debiendo publicarse por la Cámara de Diputados.
Implicaciones del estancamiento legislativo para la Circunvalación de Santo Domingo
La falta de pronunciamiento sobre la ley que designa la Circunvalación de Santo Domingo ha generado una creciente incertidumbre sobre su futuro y el cumplimiento de los procedimientos de aprobación y promulgación en la República Dominicana. Esta situación plantea interrogantes sobre la autoridad del Ejecutivo, la interacción con el Congreso y las implicaciones para el debate sobre la identidad y el valor simbólico de los nombres de las principales vías del país.
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