By Investigación sobre ocupaciones ilegales en áreas protegidas
La procuradora general de la República Dominicana, Yeni Berenice Reynoso, ha ordenado una investigación inmediata y exhaustiva respecto a las ocupaciones ilegales y posibles fraudes inmobiliarios en diversas áreas protegidas del país, entre las que se encuentran el Parque Nacional Jaragua, la zona de Bucanyé, Valle Nuevo, las Dunas de Baní, la Sierra de Bahoruco y el Parque Nacional Hoyo del Pino.
Composición de la fuerza de tarea especial
Para llevar a cabo esta investigación, la magistrada ha designado una fuerza de tarea especial integrada por destacados funcionarios de diferentes áreas del Ministerio Público, bajo la coordinación del procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. Este equipo incluye a:
- Mirna Ortiz de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca);
- Francisco Contreras, de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren);
- Ramona Nova, de la Procuraduría Especializada Anti-Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo;
- Ana Burgos, responsable de la Unidad de Investigación Inmobiliaria;
- Gedeón Platón Bautista Liriano, abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Central.
La instrucción de la procuradora estipula que el equipo amplíe sus indagatorias a todos los actos jurídicos, administrativos o transacciones que hayan resultado en la emisión de títulos de propiedad o acciones privadas que puedan comprometer la integridad de las áreas protegidas. El objetivo es identificar la existencia de redes criminales, corrupción, falsificación o prevaricación que hayan permitido el apoderamiento de patrimonio público natural.
Colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente
Además, se ha dispuesto que la fuerza de tarea colabore con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para elaborar un informe detallado sobre la situación jurídica y el impacto de los delitos medioambientales en los 134 espacios que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
Justificación de la procuradora
Al justificar su decisión, la procuradora enfatizó la importancia de la conservación de las áreas protegidas como un medio para asegurar la sostenibilidad de los servicios ambientales y económicos que estos ecosistemas proporcionan, tanto a la sociedad actual como a las futuras generaciones. Esta iniciativa se enmarca en una serie de medidas estratégicas dirigidas por el Ministerio Público para combatir los delitos ambientales, que son fundamentales para la seguridad hídrica y el desarrollo socioeconómico del país. Según el Ministerio Público, esta instrucción representa un nuevo enfoque en la lucha contra los delitos ecológicos, que deben ser tratados con la misma seriedad que el crimen organizado debido a sus consecuencias a largo plazo.
