Macron solicita el levantamiento de sanciones
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha enviado una carta a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que solicita la eliminación de las sanciones impuestas a diversas personalidades europeas, incluyendo al excomisario europeo Thierry Breton y al juez de la Corte Penal Internacional, Nicolas Guillou.
Argumentos de Macron sobre las sanciones
En su misiva, Macron argumenta que las sanciones afectan la autonomía reglamentaria de Europa, refiriéndose específicamente a Thierry Breton, quien fue comisario europeo del Mercado Interior entre 2019 y 2024. Durante su gestión, Breton impulsó regulaciones en la actividad digital que generaron tensiones con las grandes empresas tecnológicas de EE. UU. El presidente francés subraya que la normativa digital europea no tiene ningún efecto, ni alcance extraterritorial, y se aplica de manera uniforme a todas las empresas que operan en el territorio europeo.
Macron destaca que estas regulaciones no fueron diseñadas con el objetivo de perjudicar a las empresas estadounidenses, un argumento que ha sido repetido en múltiples ocasiones por los detractores de estas normativas en el otro lado del Atlántico.
En relación con el juez Nicolas Guillou, el presidente francés expresa su preocupación por las sanciones que se le han impuesto, ya que considera que estas afectan el principio de independencia judicial y el mandato de la Corte Penal Internacional. Guillou ha enfrentado restricciones que le prohíben viajar a EE. UU. debido a su participación en un proceso judicial que busca activar un mandato de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por crímenes de guerra y contra la humanidad relacionados con la ofensiva militar en Gaza.
Contexto de las sanciones
Thierry Breton ha sido una figura clave en la regulación del mercado digital en Europa, mientras que Nicolas Guillou es un juez implicado en asuntos judiciales de relevancia internacional en la Corte Penal Internacional. Las sanciones impuestas por Estados Unidos han generado un amplio debate respecto a la autonomía y la regulación europea frente a las corporaciones tecnológicas y el sistema judicial internacional.

