By El presidente Luis Abinader expresó su postura tras la implementación de la Operación Cobra, un extenso operativo del Ministerio Público de la República Dominicana, que investiga un presunto esquema millonario de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Abinader destacó su compromiso con la transparencia, la lucha contra la corrupción y la defensa del patrimonio público.
Judicialización y Detenidos en la Operación Cobra
Este pronunciamiento coincide con el anuncio del Ministerio Público sobre la fase de judicialización de la investigación, la cual incluye allanamientos, arrestos y diversos cargos criminales. La operación afecta directamente a SeNaSa, la principal aseguradora de salud pública del país, responsable de proporcionar servicios de salud a millones de ciudadanos.
Entre los detenidos en la Operación Cobra se encuentra el exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, junto con otras siete personas. Estas están acusadas de la malversación de fondos públicos a través de sobornos, falsificaciones, estafas y lavado de activos. La investigación sigue en curso, y más personas, tanto físicas como jurídicas, podrían ser implicadas judicialmente.
Despliegue del Ministerio Público
Para llevar a cabo la operación, el Ministerio Público desplegó 25 fiscales y más de 200 agentes de la Policía Nacional, llevando a cabo 12 allanamientos simultáneos. Según la Procuraduría, la estructura operaba como un entramado sistemático desde la dirección ejecutiva de SeNaSa, implicando a funcionarios, colaboradores y prestadores de servicios de salud.
Abinader subrayó que este caso impacta el patrimonio colectivo y afirmó que “aquellos que han atentado contra la salud de la población deberán responder por sus actos”. Confirmó que la Operación Cobra “avanzará hasta el final” en busca de recuperar los fondos sustraídos del Estado dominicano.
Evidencias y Liderazgo de la Investigación
El Ministerio Público asegura poseer evidencias de sobornos masivos, la adulteración de estados financieros, el uso de programas especiales sin sustento legal y otras maniobras fraudulentas para desviar recursos públicos. El expediente inicial señala un esquema diseñado para operar internamente, explotando vulnerabilidades administrativas.
La investigación es liderada por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y la procuradora de corte Mirna Ortiz, de la Pepca. Ambos dirigen un equipo especializado en criminalidad organizada, lo que indica la complejidad y magnitud del caso. Las autoridades han reiterado que la investigación sigue en curso y podrían surgir más implicados.
El pronunciamiento del presidente también recuerda sus declaraciones de septiembre: “Yo tengo muchos amigos, pero no cómplices.” Este mensaje se reviste de importancia política con la actual operación, subrayando el compromiso del Gobierno con el combate a la corrupción sin importar vínculos personales, jerárquicos o partidarios.
