By El procurador adjunto Wilson Camacho declaró este viernes que el caso contra Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo revela una trama corrupta en la que estos funcionarios de alto rango se asociaron para desviar miles de millones de pesos de los contribuyentes, aprovechándose de su posición de poder.
Detalles de la trama corrupta
Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, indicó que los tres exfuncionarios, junto a otros involucrados, sustrajeron más de 19 mil millones de pesos del erario mediante expropiaciones, fondos que podían haberse destinado a servicios esenciales como la salud durante la pandemia de Covid-19.
El procurador adjunto explicó que la estructura no solo desvió dinero de pagos a ministerios, sino que también implementó un sistema de sobornos en relación con los juegos de azar, que deben ser regulados por el Ministerio de Hacienda, cumpliendo con el marco legal correspondiente.
Consecuencias y acciones judiciales
Señaló que en las operaciones corruptas se produjeron situaciones inconcebibles, como el acceso de un miembro de una institución militar a retirar hasta mil millones de pesos en efectivo del sistema financiero. Además, la estructura se apropiaba de hasta el 70% de lo que se decía había sido pagado a terceros, quienes en la mayoría de los casos fueron instigados por los funcionarios implicados en el esquema.
Camacho expresó confianza en que la justicia y el Ministerio Público actúen de manera adecuada y que el tribunal envíe a juicio a todos los acusados, dado que se trata de un proceso respaldado por 1,278 pruebas, y que la sociedad está a la espera de que se castigue la corrupción sin que existan indicios de impunidad.
Después de presentar sus conclusiones de réplica el pasado viernes, el Ministerio Público solicitó que todos los procesados sean llevados a juicio por defraudar al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones de pesos. Los acusados fueron arrestados durante la Operación Calamar y formaban parte de una estructura que desvió fondos mediante pagos irregulares relacionados con expropiaciones y sobornos, utilizados para financiar la campaña electoral de 2020. También figuran en el expediente exministros de Hacienda, Obras Públicas y administrativo de la Presidencia, así como otros altos funcionarios involucrados en la corrupción.
