By La promulgación de la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas marca un hito para el sistema de compras del Estado dominicano, promoviendo transparencia, eficiencia y mejores estándares en la gestión de los recursos públicos. En una ceremonia en la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), el presidente Luis Abinader presentó esta reforma clave que transformará la administración pública y el bienestar colectivo.
Nueva Ley de Contrataciones Públicas revoluciona la gestión estatal
La nueva ley 47-25 de Contrataciones Públicas establece parámetros avanzados de rendición de cuentas y moderniza significativamente el sistema de adquisiciones gubernamentales en República Dominicana. El presidente Abinader subrayó que la transformación de los procesos de compras tiene impacto directo en la transparencia y la responsabilidad estatal. Según sus declaraciones, la administración de los recursos públicos ahora responde a estándares más elevados, permitiendo mejoras sustanciales en la asignación y control del gasto.
Principales innovaciones de la Ley 47-25
- Régimen de consecuencias: Introducción de sanciones penales efectivas para irregularidades y faltas en los procesos de contratación pública.
- Compras sostenibles: Priorización de la participación de pequeñas y medianas empresas, fomentando una economía más inclusiva y responsable.
- Nuevas modalidades: Simplificación y modernización de los procedimientos de contratación, adaptados al contexto tecnológico actual.
- Plataforma EficomprasRD: Lanzamiento de un sistema digital para aumentar la transparencia y el seguimiento de compras menores.
- Recursos para implementación: Garantía de asignación de personal capacitado, tecnología y presupuesto para aplicar la ley en todos los procesos.
Impacto y perspectivas de la Ley 47-25 en República Dominicana
Con la entrada en vigor de la Ley 47-25, el gobierno dominicano envía un mensaje firme sobre su compromiso con la transparencia y la gestión pública eficiente. Esta legislación busca no solo prevenir la corrupción, sino también asegurar que los recursos estatales se utilicen para el beneficio de todos los ciudadanos, incidiendo en la calidad de vida a través de proyectos sociales y programas financiados por el Estado.
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