Antecedentes del caso
En abril de 2025, un juez ordenó iniciar una investigación contra Luis Alberto “Lucho” Herrera por su posible implicación en la desaparición forzada y homicidio de cuatro campesinos —Víctor y José Rodríguez, Gonzalo Guerrero y Diuviseldo Torres— ocurridos en 2002 en Fusagasugá (Cundinamarca)
Declaraciones y posibles motivos
Tres exparamilitares vinculados a las Autodefensas Campesinas del Casanare aseguran que Herrera suministró fotos y 40 millones de pesos a cambio de que ejecutaran a las víctimas, acusadas falsamente de colaborar con la guerrilla o de negarse a vender tierras.
Respuesta de Herrera y situación legal
Herrera negó con firmeza toda responsabilidad, alegando que fue víctima de extorsiones, amenazas y un secuestro por parte de las FARC en el año 2000. Aseguró su disposición para colaborar con la justicia y enfatizó que nunca ha pertenecido a grupos criminales.
Reacción de las víctimas
Tras conocerse la sentencia en abril, las familias exigen una investigación profunda, la recuperación de los restos de las víctimas y una verdad que les permita cerrar el capítulo tras más de dos décadas de incertidumbre.
Contexto regional
El caso se enmarca en un periodo de violencia paramilitar a principios de la década de 2000 en Fusagasugá, donde las estructuras ilegales buscaron controlar territorio y apropiarse de tierras, afectando a comunidades rurales.
Situación actual y perspectivas
El proceso judicial sigue en curso. La Fiscalía debe investigar las nuevas acusaciones, y las familias esperan avances que incluyan la exhumación y entrega de restos para enterrar dignamente a sus seres queridos. El caso divide a la comunidad entre quienes defienden al exciclista y quienes demandan esclarecimiento.
Mientras tanto, la comunidad de Fusagasugá y la sociedad nacional continúan a la espera de una resolución que restablezca la verdad y garantice justicia para las víctimas.
¿Será este el momento para cerrar heridas que llevan más de dos décadas abiertas?