By El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, informó que se implementará una red de puertos secos en la frontera con Haití, una iniciativa logística que demandará una inversión privada de más de 300 millones de dólares y funcionará bajo el régimen de zona franca.
Objetivos de la nueva infraestructura
Durante su discurso anual ante el Congreso Nacional en celebración del Día de la Independencia Nacional, Abinader destacó que el país dispone de un muro fronterizo para proteger su territorio y ahora se va a potenciar un “muro económico”. Esta nueva infraestructura de puertos secos tiene como propósito dinamizar las provincias fronterizas, ordenar el comercio y formalizar el intercambio con Haití, el segundo socio comercial de la República Dominicana. Asimismo, busca eliminar las brechas por donde se filtran mercancías de manera irregular.
Impacto en la seguridad y el desarrollo
El presidente mencionó que la figura de los puertos secos ha mostrado su eficacia en otras naciones con fronteras compartidas, como México y Estados Unidos, al facilitar el control aduanero y generar polos de desarrollo en regiones afectadas. La inversión total será completamente privada y representa una decisión estratégica del Estado para fortalecer la soberanía y competitividad del país.
Abinader agregó que este enfoque es fundamental para asegurar un futuro más seguro y próspero, destacando que la estabilidad no puede existir en un clima de informalidad y que la seguridad se construye creando empleos y oportunidades genuinas.
Desde 2021, el Gobierno de Abinader realiza la construcción de una verja fronteriza para controlar la migración, el tráfico de drogas y armas a lo largo de la frontera con Haití. Esta semana, la Corte Superior de Cuentas y Contencioso Administrativo de Haití aprobó un contrato de aproximadamente 542 millones de dólares para reforzar la seguridad en la frontera, firmado entre varios ministerios del país y las empresas Evergreen Trading System Limited y Alex Stewart International. El contrato apunta a mejorar la seguridad en la frontera, optimizar los ingresos fiscales y aumentar la capacidad del Estado para enfrentar el crimen transnacional, el fraude fiscal y el contrabando.
La inversión en esta infraestructura se enmarca en un contexto de necesidad de control y seguridad en una frontera que enfrenta desafíos significativos, tanto en términos de comercio como de actividad ilícita.
