By La Suprema Corte ratifica condenas por fraude
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ha rechazado los recursos de casación presentados por dos de los condenados por el fraude en el sorteo de la Lotería Nacional del 1 de mayo de 2021, al tiempo que confirma la absolución del exdirector de la institución, Luis Maisichell Dicent.
Detalles de la decisión judicial
Este martes, la SCJ ratificó la decisión de una corte de apelación, que había anulado previamente la solicitud del Ministerio Público para revocar la absolución de Dicent, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en marzo de 2023. El tribunal determinó que los argumentos del órgano acusador no demostraron violaciones al debido proceso ni errores en la valoración de pruebas que justificaran una revocación en el caso del exfuncionario.
Asimismo, los recursos de casación interpuestos por William Lizandro Rosario Ortiz, expresidente de la Federación Nacional de Bancas de Lotería, y Eladio Batista Valerio también fueron desestimados. Rosario Ortiz fue sentenciado a cinco años de prisión, mientras que Batista Valerio recibió una condena de tres años, esta última con ejecución suspendida. La decisión del máximo tribunal del país dejó firmes ambas penas al considerar que la sentencia apelada era correcta y estaba debidamente fundamentada.
Impacto del fraude en la Lotería Nacional
El fraude en el sorteo de la Lotería Nacional, que fue descubierto en mayo de 2021, implicó alteraciones en el proceso de extracción de las bolas, lo que generó pérdidas millonarias al Estado dominicano y socavó la credibilidad de la Lotería Nacional. Este escándalo provocó una importante reacción en la sociedad y llevó a una extensa investigación por parte del Ministerio Público, así como a reformas internas en la Lotería Nacional para mejorar los controles y la transparencia.
Contexto y precedentes
La decisión de la Suprema Corte de Justicia se considera un cierre definitivo a uno de los casos más mediáticos en la historia reciente del país, manteniendo las condenas contra los responsables directos del fraude. Esta sentencia también establece un precedente en la valoración probatoria y la responsabilidad penal en relación con la corrupción administrativa en entidades públicas.
