By Santo Domingo.- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, devolvió al Congreso Nacional el 16 de enero la Ley que autoriza el pago de deudas por obras ejecutadas por pequeños contratistas, así como los trabajos de mantenimiento correctivo en escuelas, supervisores y asfalteros.
El mandatario observó la totalidad de la legislación, compuesta por 14 artículos, argumentando que esta contraviene principios fundamentales de la Constitución. Asimismo, destacó que el pago se lleva a cabo “sin garantizar provisión de fondos” y sin que la deuda pública sea “cierta, líquida y exigible”.
La iniciativa fue promovida por el senador Franklin Romero, del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de la provincia Duarte. Desde el inicio de su gestión el 16 de agosto de 2020, este es el noveno proyecto devuelto por Abinader al Congreso para su corrección.
A través de una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el Poder Ejecutivo expresó que en la Ley existen cuestiones legales que requieren “una nueva revisión” por parte del Congreso de la República. El Ejecutivo hizo hincapié en que se violan principios esenciales de la Constitución, como los de legalidad presupuestaria, sostenibilidad fiscal, responsabilidad financiera, transparencia y seguridad jurídica.
En la misiva, que consta de tres páginas, se argumentó que no se puede proceder con el pago de una suma sin tener claridad sobre el monto exacto. También se hace mención de la necesidad de una revisión de la documentación de los acreedores, resaltando que no puede gastarse dinero que no está presupuestado, ya que esto podría impactar negativamente los recursos del país. Además, se apuntó que algunas obras fueron ejecutadas sin los permisos necesarios o sin la correspondiente aprobación presupuestaria, y que no se establece un plazo para el cumplimiento de estos pagos, además de que el Ministerio de Hacienda no cuenta con los recursos reservados.
“La ley ordena pago sin garantizar provisión de fondos y sin que la deuda pública fuere cierta, líquida y exigible”, sostiene el comunicado oficial.
La Cámara de Diputados aprobó la Ley el 12 de enero, último día de la legislatura, sin contar con el respaldo de la oposición. La norma busca autorizar, de manera excepcional y por única vez, el reconocimiento, validación y pago de deudas derivadas de obras públicas ejecutadas “sin contar con un contrato formal o sujeto a reformulación presupuestaria”. Su objetivo es regularizar las obligaciones pendientes y asegurar la transparencia en el uso de recursos públicos.
La Ley se aplica a las deudas acumuladas por el Estado Dominicano a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Educación (Minerd), el Instituto de Auxilios y Viviendas (Inavi), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (Inapa), la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial (Cpadp), la Junta Central Electoral (JCE), la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), así como a las obligaciones asumidas por el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed).
Adicionalmente, el presidente Abinader observó la Ley que establece un régimen de incentivos fiscales para la aviación civil comercial, la cual fue la primera que devolvió al Congreso el 1 de agosto de 2023. Más tarde, devolvió al Congreso la nueva Ley de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana el 5 de enero de 2024, así como la Ley que crea el Boletín Oficial del Estado, observada el 20 de enero de 2025.
El Poder Ejecutivo también devolvió al Congreso una reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral, señalando que se habían otorgado más poderes a los jueces de esta institución de los que les correspondían. Durante la legislatura extraordinaria de 2025, se aceptaron las observaciones del Ejecutivo a tres leyes aprobadas en el periodo legislativo previo.
De las ocho leyes observadas por el Ejecutivo, siete fueron corregidas y promulgadas por el presidente de la República.
