By La nueva normativa sobre publicidad estatal
La reciente Ley de Compras y Contrataciones Públicas (Ley 47-25) y su reglamento de aplicación establecen que la publicidad oficial del Estado deberá ser contratada directamente con los medios de comunicación, prohibiendo expresamente la intermediación de agencias publicitarias.
Detalles de la regulación
El artículo 167 del reglamento detalla que la contratación directa de publicidad solo puede realizarse mediante un contrato o una orden de compra firmada directamente con el medio de comunicación o plataforma digital que posea el espacio publicitario, abarcando:
- Prensa escrita
- Radio
- Televisión
- Sitios web
- Redes sociales
- Plataformas de streaming
La normativa es clara al prohibir la existencia de intermediarios comerciales, como agencias o representantes, que puedan aumentar los costos del servicio. Este enfoque reafirma los principios de eficiencia, transparencia y un uso responsable de los recursos públicos.
Además, se requiere que los medios contratados estén legalmente establecidos y debidamente registrados ante la autoridad correspondiente. Las contrataciones deben llevarse a cabo en conformidad con las políticas de publicidad pública del Poder Ejecutivo, específicamente para las instituciones que pertenecen a este.
Es importante señalar que esta excepción de contratación directa no incluye la creación o producción del contenido publicitario, estableciendo límites precisos sobre el uso de este mecanismo y evitando interpretaciones arbitrarias en la gestión del gasto.
A través de esta regulación, el Gobierno dominicano busca ordenar el gasto en publicidad oficial, potenciar la contratación directa con los medios formales y eliminar la intermediación innecesaria. Este esfuerzo está alineado con la política de transparencia y modernización del Estado promovida por el presidente Luis Abinader.
Contexto de la Ley 47-25
La Ley 47-25 forma parte de un conjunto de iniciativas diseñadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos del Estado y promover una mayor transparencia en la gestión pública. La medida responde a un contexto donde la publicidad estatal debe ser gestionada con mayor rigor y claridad.
