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Juicio preliminar contra exdirector del Intrant y Jochy Gómez se aplaza nuevamente

Juicio preliminar contra exdirector del Intrant y Jochy Gómez se aplaza nuevamente

Aplazamiento del juicio preliminar

El Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ha aplazado por tercera ocasión el inicio del juicio preliminar en contra del exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras; el empresario José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochy Gómez, y otros implicados en el caso.

Cargos y acusaciones

Los acusados enfrentan cargos por su presunta participación en una red de estafa administrativa y lavado de activos, en el marco de la instalación de la red semafórica del Gran Santo Domingo. Esta investigación es llevada a cabo por el Ministerio Público, que alega que a través de este proyecto se cometieron irregularidades que perjudican al Estado dominicano. A pesar de las acusaciones y pruebas presentadas, el tribunal aún no ha podido iniciar el conocimiento del fondo del proceso debido a los aplazamientos.

  • Corrupción administrativa
  • Fraude en contrataciones públicas
  • Estafa contra el Estado
  • Sabotaje a infraestructuras críticas
  • Contrabando y falsificación
  • Delitos de alta tecnología
  • Actos de terrorismo en infraestructura crítica

El Ministerio Público sostiene que las pruebas recabadas revelan múltiples líneas delictivas, incluyendo las mencionadas anteriormente. Además, se ha investigado la relación de los imputados con empresas como Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., donde se descubrió que contratos y convenios fueron establecidos de manera irregular, permitiendo el acceso privilegiado a estas compañías para desviar fondos públicos y realizar operaciones de lavado de activos, lo que ha vulnerado los principios de transparencia y legalidad administrativa.

Contexto de corrupción en el país

Este caso se enmarca dentro de un contexto más amplio de denuncias sobre corrupción en el manejo de recursos públicos en el país. Las investigaciones del Ministerio Público están destinadas a esclarecer las irregularidades detectadas en distintas instancias de contratación pública y resguardar la integridad financiera del Estado.

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