By El expresidente Hipólito Mejía encendió el debate político dominicano al advertir que el narcotráfico ha penetrado todas las organizaciones partidarias del país, sin distinción de siglas ni regiones. Sus declaraciones llegaron en medio del análisis de un proyecto de ley que busca blindar a los partidos del financiamiento ilícito, y pusieron sobre la mesa una conversación que muchos prefieren evitar.
Lo que revelan las palabras de Hipólito Mejía
Durante su intervención, Hipólito Mejía fue categórico: el narcotráfico, dijo, “está en todos lados”, desde las comunidades locales hasta las estructuras internas de los partidos políticos. No señaló casos concretos ni apuntó a organizaciones específicas, pero su mensaje fue inequívoco: ningún partido puede considerarse ajeno al problema.
El exmandatario exhortó a enfrentar la situación con decisión, pero también con responsabilidad. Advirtió contra las acusaciones irresponsables que puedan dañar la reputación de personas sin contar con pruebas sólidas, un equilibrio difícil de mantener cuando el tema involucra poder, dinero y crimen organizado. Al ser consultado sobre cómo actuaba ante estas situaciones durante su gestión, respondió con una frase que no dejó lugar a ambigüedades: “Yo actuaba y le partía el pichirí”.
Sus palabras no surgieron en el vacío. El contexto inmediato es el debate legislativo sobre un proyecto de ley destinado a fortalecer los controles sobre el financiamiento político, una iniciativa que ha reavivado la discusión sobre la urgencia de implementar mecanismos reales de supervisión y transparencia en el sistema político nacional.
La reforma que sacude al oficialismo y al sistema de partidos
El trasfondo legislativo de estas declaraciones es tan relevante como las declaraciones mismas. José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), presentó ante el bloque oficialista en el Senado una propuesta de reforma a la Ley 33-18 sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos. El objetivo declarado es claro: impedir que el dinero ilícito influya en las estructuras partidarias y cerrar la puerta a personas vinculadas al narcotráfico o al crimen organizado que aspiren a cargos electivos.
La propuesta contempla, entre sus ejes principales, los siguientes elementos:
- Nuevos requisitos de integridad para candidatos a cargos electivos.
- Mayor control y trazabilidad sobre las contribuciones económicas a los partidos.
- Mecanismos de supervisión reforzados para detectar financiamiento de origen ilícito.
- Inhabilitación de personas vinculadas al narcotráfico o crimen organizado para postularse a posiciones públicas.
La iniciativa llega en un momento en que la presión ciudadana e internacional sobre la transparencia política en la República Dominicana es mayor que nunca. Organismos multilaterales y observadores electorales han señalado reiteradamente la necesidad de fortalecer los controles sobre el financiamiento de campañas, una vulnerabilidad que no es exclusiva del país pero que adquiere dimensiones particulares en una región con alta actividad del crimen organizado.
Un problema que la sociedad ya conoce, pero que pocos nombran
Lo más significativo de la intervención de Hipólito Mejía no es solo lo que dijo, sino el momento en que lo dijo. Que un expresidente con décadas de trayectoria política reconozca públicamente que el narcotráfico ha permeado todas las organizaciones partidarias implica una admisión que va más allá del debate legislativo coyuntural. Es, en cierta medida, un diagnóstico del estado de salud del sistema político dominicano.
La sociedad, como el propio Mejía señaló, es consciente del problema. La pregunta que queda abierta es si la reforma a la Ley 33-18 tendrá los dientes suficientes para transformar esa conciencia colectiva en controles efectivos, o si quedará como otro ejercicio legislativo que nombra el problema sin resolverlo. El debate apenas comienza, y las próximas semanas en el Senado serán determinantes para saberlo.
