By Una nueva normativa migratoria sacude a la comunidad venezolana en República Dominicana. La Resolución No. DGM-001-2026, emitida por la Dirección General de Migración, introduce cambios de fondo en los requisitos para obtener y renovar permisos temporales de trabajo, con una consecuencia directa: el trabajo informal queda prohibido para los extranjeros no residentes, un golpe que afecta de lleno a miles de venezolanos cuya subsistencia depende precisamente de ese sector.
Lo que cambia la resolución para el trabajo informal
La resolución se centra en los denominados Permisos Temporales de Trabajo (TT-1), el mecanismo legal que habilita a los extranjeros no residentes a ejercer actividades laborales en el país. Bajo el nuevo marco, las condiciones se vuelven considerablemente más rigurosas: se exige contrato formal con un empleador registrado, lo que excluye de facto a quienes se desempeñan en la economía informal, un segmento donde se concentra una parte significativa de la población venezolana radicada en el territorio dominicano.
Desde una perspectiva legal, la medida refuerza el control migratorio del Estado dominicano y busca ordenar un mercado laboral que, según las autoridades, opera con niveles elevados de informalidad entre la población migrante. Sin embargo, la ausencia de un plan de transición claro convierte lo que podría ser una reforma ordenada en una presión inmediata sobre miles de personas que no tienen forma de cumplir los nuevos requisitos de un día para otro.
La respuesta organizada de la comunidad venezolana
Ante el impacto de la normativa, la Mancomunidad Domínico-Venezolana y el Movimiento Venezolano en RD reaccionaron de forma coordinada. Ambas organizaciones publicaron un comunicado conjunto en el que detallan el alcance de la resolución e instruyen a sus compatriotas sobre cómo adaptarse al nuevo marco legal, instándolos a tomar acciones inmediatas para regularizar su situación antes de que la medida derive en sanciones.
El comunicado cierra con un llamado a la unidad y la resiliencia, reconociendo que el desafío es real pero subrayando que la organización colectiva es la herramienta más efectiva para enfrentarlo. La postura de estas organizaciones refleja la tensión que atraviesa una comunidad que llegó al país en busca de estabilidad y que ahora debe navegar un entorno legal más exigente sin los recursos ni los vínculos formales que la normativa exige.
El debate que la resolución abre sobre migración y mercado laboral
El endurecimiento de los permisos laborales no es un hecho aislado: se inscribe en un debate más amplio sobre cómo gestionar la migración venezolana en el Caribe y América Latina. En el caso dominicano, la discusión adquiere una dimensión particular porque el mercado laboral informal no es exclusivo de los migrantes, sino una realidad estructural del país. Aplicar requisitos de formalidad estrictos a una población que opera en un entorno donde la informalidad es la norma genera una contradicción difícil de resolver.
El riesgo concreto es que, sin una vía de regularización accesible, cientos de venezolanos queden en situación irregular no por voluntad propia, sino por la imposibilidad material de cumplir con los nuevos requisitos. Eso no solo afecta a los migrantes: también genera presión sobre el sistema de control migratorio, que deberá gestionar un volumen mayor de casos irregulares, y sobre el tejido social de las comunidades donde estas personas residen.
- La resolución exige contrato formal para obtener o renovar el Permiso Temporal de Trabajo TT-1.
- El trabajo informal queda prohibido para extranjeros no residentes bajo el nuevo marco.
- No se ha anunciado un período de transición ni un mecanismo de regularización progresiva.
- La Mancomunidad Domínico-Venezolana y el Movimiento Venezolano en RD han emitido un comunicado con instrucciones para la comunidad.
- El impacto potencial alcanza a cientos de venezolanos que dependen del sector informal para subsistir.
La Dirección General de Migración no ha publicado hasta el momento un calendario de implementación ni canales específicos de orientación para los afectados. La comunidad venezolana, mientras tanto, enfrenta la urgencia de adaptarse a una normativa que transforma de raíz las condiciones bajo las cuales miles de personas han construido su vida cotidiana en República Dominicana. El trabajo informal, que fue durante años una salida viable, deja de serlo por mandato legal, y la pregunta que queda abierta es qué alternativa real se ofrece a quienes no tienen otra opción.
