By Este martes, a las 10:00 de la mañana, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional anunciará uno de los fallos más esperados del sistema judicial dominicano en lo que va del año. El juez Raymundo Mejía determinará el futuro legal de los Espaillat —Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del desaparecido club nocturno Jet Set— en el marco del proceso penal derivado del colapso del techo del establecimiento, una tragedia que el 8 de abril de 2025 cobró la vida de 236 personas y dejó alrededor de 100 heridas.
Dos caminos, una sola decisión que lo cambia todo
El juez Mejía tiene ante sí dos opciones que definen trayectorias radicalmente distintas para este caso. La primera es dictar un auto de apertura a juicio, lo que permitiría que el proceso avance hacia una fase oral y pública donde se evaluarán las responsabilidades penales de los acusados. La segunda es emitir un auto de no ha lugar, que pondría fin al proceso al descartar los cargos por insuficiencia probatoria. No hay término medio: cualquiera de las dos resoluciones tendrá consecuencias inmediatas para las familias de las víctimas, para los imputados y para la percepción pública sobre la justicia dominicana.
El Ministerio Público, bajo la dirección del procurador Wilson Camacho, ha formalizado acusaciones de homicidio involuntario y golpes recíprocos contra los propietarios, amparadas en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano. La Fiscalía sostiene que el expediente cuenta con pruebas testimoniales y periciales que demuestran una grave negligencia en el mantenimiento del local, y que esa negligencia fue la causa directa del desplome. Entre las víctimas mortales figuró el reconocido merenguero Rubby Pérez, cuya muerte elevó la visibilidad nacional e internacional del caso.
Lo que revela el choque entre la Fiscalía y la defensa
La estrategia de la defensa apunta en dirección opuesta. Los abogados Miguel Valerio y Ramón Emilio Núñez, representantes de los hermanos Espaillat, presentaron un informe técnico que atribuye el colapso a fallas estructurales preexistentes y al desgaste natural de los materiales de construcción. Bajo esta lectura, el desplome habría sido un accidente imprevisible, ajeno a cualquier conducta punible de sus clientes. La defensa argumenta que no existió imprudencia ni negligencia penal, y que los Espaillat no incurrieron en faltas que justifiquen un juicio criminal.
Sin embargo, la discusión jurídica no se limita a si hubo o no negligencia. El ex juez de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, Juan Hirohito Reyes, advirtió en un panel del Movimiento Justicia Jet Set celebrado en junio que los hechos podrían encuadrarse bajo la figura del dolo eventual, lo que implicaría reencuadrar los cargos como homicidio voluntario. Bajo esa calificación, las penas podrían ascender hasta 20 años de prisión, un escenario que la defensa rechaza categóricamente pero que los familiares de las víctimas reclaman con fuerza.
- Cargos actuales: homicidio involuntario y heridas involuntarias (arts. 319 y 320 del Código Penal).
- Calificación alternativa solicitada: homicidio voluntario con dolo eventual.
- Pena máxima bajo dolo eventual: hasta 20 años de prisión.
- Medidas de coerción vigentes: fianza de 50 millones de pesos y prohibición de salida del país.
Las familias exigen que los Espaillat enfrenten juicio
Mientras el sistema judicial delibera, las familias de las 236 víctimas no han dejado de presionar. El 1 de mayo, decenas de familiares se concentraron frente al Palacio de Justicia para exigir condenas severas y reclamar que el fallo establezca un precedente claro contra la negligencia empresarial en República Dominicana. Para estos colectivos, la decisión de hoy no es solo un trámite procesal: es la primera prueba real de si el Estado dominicano está dispuesto a responsabilizar penalmente a quienes administraban un espacio donde murieron 236 personas.
Paralelamente, los familiares de las víctimas continúan buscando indemnizaciones civiles por los daños sufridos, un proceso que corre en paralelo al penal y que podría extenderse por años independientemente de lo que resuelva hoy el juez Mejía. La Procuraduría General de la República ha reiterado su compromiso con llevar el caso a juicio, confiando en que las pruebas acumuladas son suficientes para sostener la acusación ante un tribunal. Lo que ocurra esta mañana en el Primer Juzgado de la Instrucción definirá si ese camino sigue abierto o si los Espaillat quedan libres de toda responsabilidad penal.
