By La ciudadanía por nacimiento volvió a convertirse este martes en el centro del debate político en Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump exigiera al Congreso legislar para eliminarla, apenas horas después de sufrir un revés directo en el Tribunal Supremo. El mandatario, lejos de asumir la derrota judicial, reencauzó su ofensiva hacia el poder legislativo con un mensaje que mezcla urgencia política y cálculo estratégico.
El mensaje que sacude al Congreso tras el fallo judicial
A través de su red Truth Social, Trump fue contundente: «El Congreso debería empezar hoy mismo a trabajar para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, una práctica costosa e injusta para nuestro país. ¡Contarán con mi apoyo total y absoluto!». La declaración llegó en cuestión de horas tras conocerse la resolución del alto tribunal, lo que revela que la Casa Blanca tenía preparada una respuesta ante cualquier resultado adverso.
El presidente calificó de «lamentable» la decisión del Tribunal Supremo y argumentó que la vía legislativa es más accesible que una reforma constitucional. «Podemos solucionarlo fácilmente en el Congreso mediante legislación —con el apoyo del presidente, algo que ha quedado claro durante este proceso—. ¡No hace falta una enmienda constitucional larga y engorrosa!», sostuvo. Con esa afirmación, Trump intenta reducir el umbral político necesario para alcanzar su objetivo, presentando la legislación ordinaria como un atajo viable frente a los mecanismos de reforma constitucional, que exigen mayorías mucho más amplias.
Lo que el Tribunal Supremo reafirmó sobre la ciudadanía por nacimiento
El fallo del Tribunal Supremo, adoptado por cinco votos a favor y cuatro en contra, no dejó margen a la ambigüedad. Los magistrados concluyeron que «los niños nacidos en los Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están ‘sujetos a la jurisdicción’» del país y, por lo tanto, «son ciudadanos desde el nacimiento en virtud de la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda». La resolución no solo bloqueó el intento ejecutivo de Trump, sino que refrendó más de 150 años de interpretación constitucional ininterrumpida.
La Corte Suprema de los Estados Unidos ha sostenido desde el siglo XIX que la Decimocuarta Enmienda, ratificada en 1868, garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en suelo estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Este principio, conocido en inglés como birthright citizenship, ha resistido décadas de presión política y cuestionamientos legales sin que ningún tribunal lo haya revertido.
Por qué la ruta legislativa enfrenta obstáculos reales
La estrategia de Trump de trasladar la batalla al Congreso no está exenta de complicaciones. Aunque los republicanos controlan ambas cámaras, la propuesta de eliminar la ciudadanía por nacimiento mediante legislación ordinaria choca con un problema de fondo: si el derecho está consagrado en la Constitución, como acaba de reafirmar el Tribunal Supremo, ninguna ley ordinaria puede anularlo sin antes modificar la propia Carta Magna. Eso requeriría el respaldo de dos tercios de ambas cámaras del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados, un umbral que los republicanos están lejos de alcanzar.
Durante su campaña presidencial, Trump se comprometió a limitar la ciudadanía automática para los hijos de migrantes indocumentados, una promesa que movilizó a sectores de su base electoral. La tensión entre ese compromiso y los límites constitucionales ha marcado los primeros meses de su mandato, y el episodio de este martes ilustra con claridad el choque entre la agenda política del ejecutivo y los frenos institucionales del sistema estadounidense. La ciudadanía por nacimiento, por ahora, permanece intacta.
