By A menos de 30 días de que entre en vigencia el nuevo Código Penal, el abogado José Hoepelman lanzó una advertencia que pocos parecen estar escuchando: la ausencia de reacción pública ante una legislación que transformará el sistema de justicia dominicano es, en sí misma, una señal de alarma. No es el contenido de la norma lo que más le inquieta, sino el silencio que la rodea.
Lo que revela el silencio ante el nuevo Código Penal
En una reciente entrevista, Hoepelman fue directo al señalar que el debate público sobre los cambios que introducirá la nueva legislación ha disminuido de forma preocupante. «Lo realmente preocupante es que, a menos de 30 días de la entrada en vigencia de este nuevo Código, la mayoría está callada, sin hacer nada. Esa es la gran preocupación», expresó el jurista.
El abogado subrayó que el problema no se limita a las recientes sentencias por difamación que han generado controversia en el país, sino que va más allá: apunta a una sociedad que parece haber bajado la guardia frente a una reforma de esta magnitud. Para Hoepelman, ese silencio no es neutralidad; es una forma de consentimiento pasivo ante cambios que afectarán directamente las libertades individuales.
Por qué sacude el uso ejemplarizante del proceso penal
Al ser consultado sobre si las condenas recientes por delitos de difamación buscan enviar un mensaje a la sociedad en vísperas de la entrada del nuevo Código Penal, Hoepelman fue categórico: el proceso penal no puede ni debe ser instrumentalizado con ese propósito. «A los que estudiamos realmente el derecho y su filosofía nos da vergüenza escuchar que se utilice un caso para dar ejemplos. Los casos son para aplicar la ley», afirmó.
El jurista argumentó que han existido procesos por delitos de la palabra de mayor gravedad que no recibieron sanciones equivalentes, lo que pone en evidencia una inconsistencia que, a su juicio, no puede justificarse jurídicamente. Las decisiones judiciales, insistió, deben fundamentarse en el derecho y no en la intención de construir mensajes ejemplarizantes para la opinión pública.
Hoepelman añadió que si este enfoque persiste, es probable que instancias judiciales superiores terminen revisando y anulando algunas de esas resoluciones. Una advertencia que no solo cuestiona decisiones puntuales, sino que interpela la coherencia del sistema en su conjunto.
El derecho penal como límite al poder del Estado
Más allá del debate sobre las sentencias, Hoepelman cerró su intervención con una reflexión de fondo sobre el rol del derecho penal en una democracia. Para el abogado, aceptar sin cuestionamiento las acciones del Estado en materia punitiva no es una postura neutral: es una cesión de libertades.
«Mientras sigamos aplaudiendo todas las decisiones del gobierno y el Estado, la libertad de los ciudadanos se verá disminuida. El derecho penal está diseñado para controlar el poder punitivo del Estado», concluyó. Una posición que cobra especial relevancia en el contexto de la implementación del nuevo Código Penal, cuyo alcance y consecuencias prácticas aún no han sido suficientemente debatidos por la sociedad dominicana.
Las advertencias de Hoepelman se inscriben en un momento en que la relación entre libertad de expresión, proceso penal y reforma legislativa está en el centro de la discusión jurídica del país. Quienes siguen de cerca la evolución del Poder Judicial dominicano saben que los próximos 30 días serán determinantes para entender hacia dónde se inclina la balanza entre el poder punitivo del Estado y las garantías ciudadanas que el nuevo Código Penal promete, al menos en teoría, preservar.
