By El gobierno de Donald Trump ha dado uno de sus pasos más costosos y simbólicos en materia migratoria: el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) adquirió dos de los mayores centros de detención de inmigrantes en California por un total de 1.500 millones de dólares, consolidando así la infraestructura necesaria para sostener su ambiciosa política de deportaciones masivas. La operación, completada el 2 de julio, convierte al gobierno federal en propietario directo de instalaciones que hasta ahora estaban en manos privadas.
Los centros de detención que Trump acaba de comprar
Las dos instalaciones adquiridas son el Centro de Detención de Otay Mesa, ubicado en la frontera entre California y México, y el Centro de Detención de California City, en el condado de Kern, próximo a Los Ángeles. Ambos eran propiedad de CoreCivic, una de las principales compañías privadas de gestión carcelaria en Estados Unidos.
Según documentos legales de la transacción citados por CalMatters, los montos pagados fueron los siguientes:
- Otay Mesa: 739,2 millones de dólares. Capacidad para 1.994 personas.
- California City: 732,6 millones de dólares. Capacidad para 2.560 personas, con operaciones recientemente iniciadas.
A pesar del cambio de propietario, CoreCivic indicó en un comunicado que prevé continuar manejando las operaciones diarias de ambos centros bajo los contratos existentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En la práctica, la gestión cotidiana no cambiará de inmediato, pero el control estratégico de las instalaciones pasa ahora al gobierno federal.
El respaldo del Congreso que lo hizo posible
La compra no ocurrió en el vacío. La adquisición fue anunciada tras la aprobación por parte del Congreso de un proyecto de ley republicano que destina 70.000 millones de dólares para financiar a ICE, la Patrulla Fronteriza y otras agencias federales de migración durante el resto del mandato de Trump. Ese respaldo legislativo proporcionó el marco presupuestario que hizo viable una operación de esta magnitud, y señala la dirección en que la administración planea moverse durante los próximos años.
La estrategia es clara: ampliar la capacidad de detención para acelerar el procesamiento y deportación de inmigrantes indocumentados, uno de los ejes centrales de la agenda política de Trump desde su regreso a la Casa Blanca.
Lo que revelan las cifras sobre los centros de detención de ICE
Mientras la administración expande su red de centros de detención, el escrutinio sobre las condiciones en esas instalaciones no ha dejado de crecer. En los primeros seis meses del año se han reportado 52 fallecimientos de personas bajo custodia de ICE, una cifra que ha encendido las alarmas de organizaciones humanitarias y legisladores de oposición.
Un análisis de CBS añade otra capa de preocupación: al menos quince de los 45 centros de detención de ICE que albergan a 500 o más personas no han sido inspeccionados en el último año, pese a las denuncias de irregularidades. Más grave aún, al menos cinco de esos centros no cuentan con ningún registro de inspección. La expansión de la infraestructura de detención, en ese contexto, plantea interrogantes directas sobre la capacidad del sistema para garantizar condiciones mínimas de dignidad y seguridad.
La adquisición de estos dos centros de detención representa, en definitiva, mucho más que una transacción inmobiliaria. Es una declaración de intenciones sobre cómo la administración Trump concibe el control migratorio: con instalaciones propias, financiamiento masivo del Congreso y una apuesta por la escala que difícilmente tiene precedentes en la historia reciente de el Departamento de Seguridad Nacional.
