By El Concejo de Regidores de Santo Domingo Oeste (SDO) protagonizó una tensa sesión luego de que el alcalde Francisco Peña solicitara un permiso de ausencia por dos años, es decir, el tiempo exacto que resta de su gestión. La petición, lejos de tramitarse con normalidad, desató un debate que dejó al descubierto fracturas internas en el cuerpo colegiado y un malestar creciente entre quienes exigen mayor apego a la legalidad institucional.
Lo que encendió la sesión del Concejo de SDO
La solicitud del alcalde Peña fue calificada de improcedente por varios regidores desde el primer momento. El argumento central fue claro: el reglamento interno ya había desestimado previamente este tipo de peticiones, por lo que no existía base legal para avanzar con la aprobación. Lejos de tratarse de un trámite rutinario, la petición de ausentarse durante todo el período restante de gobierno municipal abrió un debate sobre los límites del cargo y las responsabilidades que conlleva.
El regidor Eddy López fue uno de los más contundentes en su crítica. Con una ironía que no pasó desapercibida, sugirió que la alcaldía debería cambiar de nombre a «Colmado de Francisco Peña», cuestionando la coherencia de algunos de sus colegas ante situaciones que los interpelan directamente. «Estamos como estamos porque hay regidores que cuando les conviene dicen una cosa y cuando no dicen otra. Esto es un relajo lo que tienen aquí», sentenció López, apuntando al estado general del municipio.
Sus palabras no fueron un exabrupto aislado, sino el reflejo de una tensión acumulada dentro del Concejo, donde la falta de criterios uniformes para evaluar solicitudes ha generado desconfianza entre los propios regidores.
Los argumentos legales que bloquearon al alcalde Peña
El Lic. José Radhamés González reforzó la postura de rechazo desde el plano jurídico. Recordó que el reglamento vigente ya había descartado este tipo de autorizaciones y subrayó que cualquier solicitud de viaje debe ser evaluada con madurez institucional, no como un favor político. Su intervención dejó claro que el problema no era solo la duración del permiso, sino la ausencia de fundamento normativo para concederlo.
En la misma línea, el regidor Ysidro Antonio Acosta advirtió sobre las implicaciones legales de aprobar una autorización tan extensa. Su posición fue directa: «Que se someta a votación, y quienes quieran votar incumpliendo la ley que lo hagan». La frase, más que una invitación al debate, fue una advertencia pública a quienes pudieran estar tentados a respaldar la solicitud sin sustento legal.
Entre los elementos que concentraron las objeciones del Concejo se destacaron los siguientes puntos:
- La solicitud abarca la totalidad del período restante de la gestión municipal.
- El reglamento interno ya había desestimado peticiones similares con anterioridad.
- No existe base legal identificada que ampare una ausencia de esta duración.
- La aprobación implicaría, en la práctica, una renuncia encubierta a las funciones del cargo.
Ante la falta de consenso, el Ing. Yassiel Díaz instó a la presidencia del Concejo a convocar una votación formal para resolver el impasse. Su propuesta buscaba, al menos, dar un cierre procedimental a un debate que amenazaba con prolongarse sin resolución.
Lo que revela esta crisis sobre la gestión municipal en SDO
Más allá del episodio puntual, la solicitud del alcalde Peña ha puesto en evidencia una división interna que no es nueva, pero que ahora resulta difícil de ignorar. Un sector del Concejo reclama que las decisiones se tomen con apego estricto a los procedimientos establecidos, mientras que otro parece dispuesto a flexibilizar criterios según las circunstancias políticas del momento.
El hecho de que la gestión de Francisco Peña al frente de la Alcaldía de Santo Domingo Oeste culmine precisamente en dos años convierte esta solicitud en algo más que un trámite administrativo. Ausentarse durante todo el tiempo restante equivale, en términos prácticos, a delegar indefinidamente las responsabilidades del cargo, lo que plantea interrogantes legítimas sobre la continuidad del liderazgo municipal y la rendición de cuentas ante los ciudadanos del municipio.
La sesión cerró sin una resolución definitiva, pero con un mensaje inequívoco de parte de los regidores que se opusieron: en el Concejo de SDO, no todas las solicitudes del alcalde Peña encontrarán respaldo automático, especialmente cuando comprometen la legalidad de la institución.
