By El nuevo Código Penal dominicano volvió a encender el debate jurídico en el país. Un panel de especialistas convocado por Gala Media Group y Amigos que Suman reunió a figuras clave del derecho nacional para discutir si la entrada en vigencia prevista para agosto representa un avance necesario o un salto apresurado con consecuencias imprevisibles para el sistema de justicia.
Lo que reveló el panel sobre el nuevo Código Penal
La actividad, titulada “Impacto del Nuevo Código Penal: ¿Avance o retroceso?”, se celebró en el auditorio de la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD) y fue moderada por las comunicadoras Danylsa Vargas y Yuri Rodríguez. El encuentro reunió a cuatro juristas con posiciones distintas: Miguel Valerio, Eduardo Jorge Prats, Cristóbal Rodríguez y Francisco Álvarez, quienes abordaron las implicaciones constitucionales, sociales e institucionales de la nueva legislación.
El eje central del debate giró en torno a tres grandes preguntas: ¿está el país preparado para implementar esta reforma?, ¿protege adecuadamente los derechos fundamentales?, y ¿qué ocurre con disposiciones polémicas como las relativas a la difamación e injuria? Las respuestas no fueron unánimes, y esa divergencia es precisamente lo que hace relevante el momento.
Miguel Valerio defendió la entrada en vigencia en la fecha prevista, argumentando que el marco jurídico debe actualizarse de forma continua para responder a la evolución de la criminalidad. En materia de difamación e injuria, propuso sustituir las penas privativas de libertad por multas para las primeras infracciones, aunque advirtió que quienes difamen de forma habitual con fines extorsivos deben enfrentar consecuencias más severas.
Eduardo Jorge Prats coincidió en la necesidad de avanzar, pero desde una perspectiva diferente: sostuvo que la entrada en vigor permitirá identificar, en la práctica, los artículos que requieren ajustes. Para Prats, la efectividad del sistema de justicia no depende de imponer penas más duras, sino de garantizar que sean razonables y proporcionales.
Las voces que piden más tiempo antes de aprobar la reforma
No todos los panelistas compartieron el mismo entusiasmo. El constitucionalista Cristóbal Rodríguez planteó una posición más cautelosa: sugirió extender el período legislativo para facilitar un diálogo más profundo sobre el texto. Su argumento central es que una legislación de esta magnitud —que define la política criminal del Estado— requiere un consenso amplio antes de ser promulgada, no después.
Francisco Álvarez fue más directo al cuestionar la urgencia de la implementación. Señaló que el país opera actualmente bajo el Código Penal vigente sin que exista una crisis evidente en el sistema de justicia, y advirtió que modificar disposiciones que ya están siendo aplicadas por los tribunales podría generar complicaciones jurídicas de difícil manejo.
Desde una perspectiva institucional, Merlín Mateo Sánchez, del Consejo Superior del Ministerio Público, defendió con firmeza la entrada en vigencia del nuevo Código Penal. Argumentó que se trata de una reforma esencial para fortalecer el Estado de derecho y que las discrepancias en torno a artículos específicos, como los de difamación e injuria, no deben convertirse en obstáculo para una reforma que el país necesita. Esos puntos, sostuvo, pueden perfeccionarse mediante el consenso posterior.
- Miguel Valerio: a favor de la entrada en vigor; propone multas en lugar de cárcel para primeras infracciones de difamación.
- Eduardo Jorge Prats: apoya la implementación como mecanismo para detectar áreas de mejora.
- Cristóbal Rodríguez: pide extender el período legislativo para ampliar el debate.
- Francisco Álvarez: cuestiona la urgencia ante la ausencia de una crisis en el sistema actual.
- Merlín Mateo Sánchez: defiende la reforma como pilar del Estado de derecho.
Por qué este debate sacude el sistema jurídico dominicano
El debate en torno al nuevo Código Penal no es un ejercicio académico aislado. Se produce en un momento en que la sociedad dominicana enfrenta desafíos crecientes en materia de criminalidad organizada, libertad de expresión y garantías procesales. La pregunta de fondo no es solo técnica —si el texto está bien redactado— sino política: ¿quién asume el costo de implementar una reforma imperfecta, y quién asume el costo de seguir postergándola?
La tensión entre quienes exigen avanzar y quienes piden más tiempo refleja una fractura real dentro del mundo jurídico dominicano. Ambas posiciones tienen argumentos legítimos, y esa legitimidad compartida es, paradójicamente, lo que hace más difícil la decisión. Lo que quedó claro en el panel de la Universidad Católica de Santo Domingo es que el nuevo Código Penal no entrará en vigor —ni se postergará— sin que el debate continúe escalando en intensidad.
