By La Junta Central Electoral (JCE) anunció que JCE apelará ante instancias judiciales nacionales e internacionales la sentencia emitida por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que le ordena pagar a la empresa Latin Events, LLC por servicios que la institución asegura no haber contratado ni autorizado. La decisión marca el inicio de una batalla legal que pone en juego fondos públicos dominicanos y la reputación de uno de los organismos electorales más importantes del país.
Lo que revela el conflicto con Latin Events
En el centro de la disputa está un contrato que, según la JCE, nunca existió en su totalidad. La institución reconoce haber pactado y pagado servicios de publicidad y logística por un total de 230,000 dólares, transferidos mediante una operación bancaria SWIFT desde República Dominicana. Sin embargo, la empresa remitió posteriormente facturas adicionales por conceptos que la JCE niega haber solicitado: un cobro de US$ 600,000 más US$ 53,250 en impuestos sobre ventas, correspondientes a 15,000 boletos impresos para el evento de béisbol Titanes del Caribe, celebrado del 10 al 12 de noviembre de 2023 en Queens, Nueva York.
La JCE es categórica: no existe documentación interna que valide la aprobación de esos servicios adicionales por parte del Pleno ni de su presidente. Esa ausencia de respaldo documental es, precisamente, el argumento central que la institución llevará ante los tribunales para desconocer la obligación de pago.
Por qué la JCE cuestiona el proceso judicial en Nueva York
El conflicto adquirió una nueva dimensión el 29 de junio de 2026, cuando la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional emitió un auto de homologación de sentencia extranjera, a solicitud de Latin Events, LLC. Ese mecanismo legal permite ejecutar en territorio dominicano una decisión dictada por un tribunal extranjero, lo que convierte la disputa en una amenaza directa sobre los activos de la institución en el país.
Ante ese escenario, la JCE agrega un argumento procesal de peso: afirma que no recibió notificaciones en su sede en República Dominicana, lo que le impidió ejercer su derecho a defensa durante el proceso en Nueva York. La institución invoca el Tratado de Viena para sostener que las notificaciones realizadas a través de consulados en el extranjero no sustituyen la notificación directa a la entidad en su jurisdicción nacional. Si ese argumento prospera, podría invalidar la sentencia original por vicios en el debido proceso.
- Servicios pagados y reconocidos por la JCE: US$ 230,000
- Monto reclamado por Latin Events en facturas adicionales: US$ 600,000
- Impuestos sobre ventas incluidos en la reclamación: US$ 53,250
- Evento en disputa: Titanes del Caribe, Queens, Nueva York, noviembre de 2023
- Auto de homologación emitido: 29 de junio de 2026, Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional
JCE apelará para proteger los fondos públicos dominicanos
El Pleno de la JCE ha instruido que se agoten todos los recursos legales disponibles para proteger los intereses y la reputación de la institución. La postura oficial no deja margen a la ambigüedad: la entidad no asumió la obligación que Latin Events reclama y está dispuesta a demostrarlo ante cualquier instancia judicial que sea necesaria, tanto dentro como fuera del país.
Más allá del monto en disputa, el caso toca un principio que la JCE ha colocado en el centro de su defensa: el correcto uso de los fondos públicos del pueblo dominicano. Aceptar el pago sin agotar las vías legales equivaldría, en la lectura institucional, a reconocer una deuda que nunca fue contraída. Por eso, la apelación no es solo una estrategia jurídica, sino también una declaración de principios sobre transparencia y rendición de cuentas. Más información sobre la institución está disponible en el sitio oficial de la Junta Central Electoral.
