By El juez Deibi Peguero, titular del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ordenó sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario para Ada Ledesma Uniera, una de las imputadas en el caso SeNaSa, el proceso judicial que investiga el desfalco de más de RD$15 mil millones al Seguro Nacional de Salud a través de la red de corrupción conocida como Operación Cobra. La decisión marca un giro significativo en la situación procesal de Ledesma y reaviva el debate sobre las condiciones en que se juzga a los acusados de corrupción institucional en el país.
Lo que implica el arresto domiciliario en el caso SeNaSa
La modificación de la medida de coerción no significa libertad plena. El magistrado impuso a Ledesma un conjunto de condiciones que buscan garantizar su presencia en el proceso sin necesidad de mantenerla recluida. Entre las restricciones establecidas figuran:
- Impedimento de salida del país.
- Presentación periódica ante las autoridades competentes.
- Pago de una garantía económica de RD$20 millones a través de una empresa aseguradora.
- Colocación de un grillete electrónico para monitoreo permanente.
La resolución fue adoptada luego de que la defensa de Ledesma presentara una solicitud formal de revisión de la medida, argumentando que las circunstancias que justificaron la prisión preventiva al inicio del proceso habían cambiado. El juez acogió ese planteamiento y determinó que las nuevas condiciones son suficientes para asegurar la comparecencia de la imputada sin vulnerar su derecho a la libertad personal.
Los acusados que aún enfrentan prisión preventiva
La situación de Ledesma contrasta con la de otros imputados en el caso Cobra, quienes continúan bajo prisión preventiva desde que el Ministerio Público solicitó y obtuvo esa medida al inicio del proceso. Entre los acusados que permanecen recluidos se encuentran figuras de alto perfil dentro de la estructura investigada:
- Santiago Marcelo Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa.
- Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero de la institución.
- Germán Rafael Robles Quiñones, exgerente jurídico.
- Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Salud.
- Rafael Luis Martínez Hazim, sobrino de Hazim y fundador de MyCare.
A todos ellos se les impusieron 18 meses de prisión preventiva por su supuesta vinculación con la red de corrupción. El 30 de julio está programada una revisión obligatoria de esas medidas ante el mismo juzgado. Para Ledesma, esa audiencia podría resultar innecesaria dado el cambio reciente en su situación procesal, pero los demás acusados sí deberán comparecer ante el juez Peguero.
La magnitud del esquema que sacude a SeNaSa
El expediente judicial describe un esquema de corrupción administrativa de gran escala que habría operado durante años dentro del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), una de las instituciones de salud más importantes del país por la cantidad de ciudadanos que dependen de sus servicios. Según el Ministerio Público, la Operación Cobra desmanteló una red que habría generado miles de millones de pesos en beneficio ilícito para sus integrantes, en detrimento directo de la calidad y cobertura de los servicios de salud ofrecidos a la población.
Los delitos imputados a los involucrados en el caso SeNaSa abarcan un amplio espectro penal: desfalco, estafa contra el Estado, falsificación de documentos, corrupción administrativa, lavado de activos y prevaricación, entre otras infracciones. La diversidad de cargos refleja la complejidad del entramado investigado y la cantidad de actores que, según la acusación, participaron en distintos niveles del esquema. Algunos imputados han recibido medidas de coerción menos severas que la prisión preventiva, lo que sugiere que el Ministerio Público ha graduado su posición procesal según el grado de participación atribuido a cada uno.
La decisión del juez Peguero de modificar la medida para Ada Ledesma Uniera añade un nuevo capítulo a un proceso que ha captado la atención pública desde su inicio, precisamente por la gravedad de las acusaciones y por el impacto que el presunto desfalco habría tenido sobre un sistema de salud del que dependen millones de dominicanos. El caso SeNaSa sigue su curso con la próxima revisión de julio como el siguiente punto de inflexión.
