By Los accidentes de tránsito se han convertido en la principal amenaza financiera para el sector asegurador de República Dominicana. En 2025, las compañías del ramo desembolsaron RD$16,251.5 millones en indemnizaciones derivadas de siniestros viales, una cifra que no solo refleja la magnitud del problema en las carreteras del país, sino que anticipa un escenario aún más costoso para 2026.
El dato que revela la profundidad de la crisis vial
La dimensión del problema se vuelve más alarmante cuando se analiza el ritmo de gasto en lo que va del año. Solo en los primeros cinco meses de 2026, los pagos por siniestros relacionados con accidentes de tránsito alcanzaron los RD$7,235.1 millones, una cifra que, proyectada al cierre del año, superaría con creces el total registrado en 2025. Para la industria aseguradora, esta aceleración no es una anomalía estadística: es la señal de una crisis de seguridad vial que se agrava sin pausa.
Franklin Glass, presidente ejecutivo de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar), precisó que el 26 % de todos los siniestros del sector están vinculados a la cobertura de vehículos de motor, lo que convierte a los accidentes de tránsito en el principal compromiso financiero de las aseguradoras dominicanas. Aunque Cadoar no desglosa el número exacto de reclamaciones por incidente, la magnitud de los recursos movilizados habla por sí sola.
Glass también subrayó una realidad que va más allá de las cifras económicas: en los últimos años, el país ha registrado más de 3,000 muertes y cerca de 100,000 lesiones asociadas a siniestros viales. Cada peso desembolsado en indemnizaciones tiene, detrás, una historia de pérdida humana que ningún balance contable puede dimensionar del todo.
Por qué los costos de los accidentes de tránsito no dejan de subir
La tendencia alcista en los costos no responde a un único factor, sino a una combinación de variables que se retroalimentan. Por un lado, la frecuencia de los accidentes ha crecido de forma sostenida durante los últimos cinco años. Por otro, los costos de reparación se han disparado: los precios de los repuestos han aumentado y los tiempos de llegada de muchas piezas se han prolongado, lo que eleva directamente el monto de cada indemnización.
Este escenario se refleja con claridad en los índices de siniestralidad del ramo de vehículos. El indicador pasó del 58.08 % en 2024 al 50.15 % en 2025, pero en mayo de 2026 dio un salto preocupante hasta el 65.42 %, una cifra que encendió las alarmas dentro del sector. Una siniestralidad por encima del 60 % compromete la sostenibilidad financiera de las pólizas y reduce el margen de las aseguradoras para innovar o desarrollar nuevos productos.
- República Dominicana cuenta con cerca de 6.9 millones de vehículos registrados.
- El 57 % de ese parque vehicular corresponde a motocicletas.
- Las motocicletas participan en más del 70 % de los accidentes viales.
- Solo una de cada diez motocicletas tiene una póliza de seguro activa.
Esta última cifra es quizás la más reveladora. La combinación de alta participación en accidentes y bajísima cobertura aseguradora crea un vacío de protección que termina trasladando los costos a otros actores del sistema: las víctimas sin seguro, el Estado y, en última instancia, los conductores asegurados que ven sus primas incrementarse año tras año.
Lo que se necesita para revertir la tendencia
Los factores detrás de los accidentes son conocidos y recurrentes: exceso de velocidad, distracciones al volante, irrespeto a las señales de tránsito y conducción bajo los efectos del alcohol. Glass señaló que los niveles de accidentalidad son especialmente elevados en el Gran Santo Domingo y Santiago, las dos principales concentraciones urbanas del país, donde la densidad vehicular y la informalidad del tránsito se combinan de forma explosiva.
Frente a este panorama, Cadoar no se limita a responder económicamente a los siniestros. La entidad promueve campañas de educación vial y programas de conducción segura, con el objetivo de fortalecer una cultura de prevención que aún es incipiente en el país. Sin embargo, Glass fue claro en que los esfuerzos sectoriales tienen un alcance limitado si no se enmarcan en una estrategia nacional más amplia. El ejecutivo aboga por una respuesta colaborativa que involucre a las autoridades de tránsito, el sistema educativo y la sociedad en su conjunto, reconociendo que los accidentes de tránsito son un problema de salud pública que excede la capacidad de respuesta de cualquier industria por sí sola.
La presión financiera acumulada ya está limitando la capacidad del sector para innovar. Si la siniestralidad continúa escalando al ritmo observado en los primeros meses de 2026, el impacto no tardará en trasladarse a los bolsillos de los conductores dominicanos en forma de primas más altas y coberturas más restrictivas.
