By Un entramado de empleados, exempleados, médicos y particulares habría operado durante cuatro años dentro del sistema de salud dominicano para cobrar servicios médicos que nunca se prestaron. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) investiga a 25 imputados por un fraude de RD$41.1 millones contra el Seguro Nacional de Salud, en lo que ya se conoce como el caso SeNaSa 2.0-A. La solicitud de coerción, presentada el pasado sábado en un expediente de 525 páginas, revela cómo la red utilizó identidades reales de afiliados para construir una fachada de legalidad sobre procedimientos inexistentes.
Lo que revela el caso SeNaSa 2.0: cuatro años de fraude sistemático
Según la solicitud de coerción presentada por el Ministerio Público, la red operó entre el 28 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025, periodo durante el cual emitió 4,363 autorizaciones médicas fraudulentas, principalmente referidas a consultas especializadas y cirugías menores. El mecanismo era preciso: personas con conocimiento de los protocolos internos de SeNaSa obtenían datos confidenciales de afiliados para tramitar autorizaciones y confeccionar expedientes que luego eran presentados para su cobro.
Los formularios contenían información verídica de los asegurados —nombres, números de seguro, datos personales— pero incluían diagnósticos y procedimientos presuntamente inexistentes. Para reforzar la apariencia de legalidad, la organización también falsificaba firmas de afiliados y utilizaba códigos y sellos de médicos reales. La PEPCA sostiene que la red funcionaba con una clara división de responsabilidades: unos obtenían los datos, otros gestionaban las autorizaciones y otros cobraban y distribuían los fondos.
Las entrevistas realizadas a afiliados cuyos nombres aparecían en los formularios fueron contundentes: ninguno conocía a los médicos señalados, ninguno visitó los consultorios indicados y ninguno recibió los servicios facturados a su seguro. Algunos declararon que, en las fechas consignadas en los expedientes, se encontraban trabajando o fuera del país.
Por qué la red elegía a sus víctimas con precisión quirúrgica
Uno de los elementos más reveladores del expediente es la metodología con la que la organización seleccionaba a sus víctimas. Lejos de actuar al azar, la red identificaba a personas que apenas utilizaban su seguro médico o que resultaban difíciles de localizar, lo que reducía significativamente las probabilidades de que revisaran su historial de servicios y detectaran las irregularidades.
Las autorizaciones se solicitaban desde tres números telefónicos, desde los cuales los operadores se identificaban falsamente como Pedro Martínez, Ángel Beltré o Amauris Gutiérrez. Uno de los principales implicados es Ángel Luís Guzmán Vásquez, exempleado del Departamento de Autorizaciones Médicas de SeNaSa, cuyo conocimiento de los protocolos internos habría sido determinante para que los trámites fraudulentos pasaran los filtros institucionales sin levantar alertas.
Una vez que SeNaSa desembolsaba el dinero a los prestadores, estos lo distribuían entre los distintos eslabones de la red. La PEPCA ha documentado transferencias entre médicos, exempleados y otros involucrados, algunas sin descripción clara y otras registradas con conceptos inusuales que, según el Ministerio Público, apuntan a un esquema deliberado de dispersión de fondos para dificultar el rastreo.
25 imputados, 18 meses de prisión preventiva solicitados y un caso que sigue abierto
El Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para los imputados y la declaración de complejidad del caso, argumentando peligro de fuga y riesgo de interferencia en la investigación. Entre los 25 imputados figuran 21 médicos, entre ellos Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino y Einstein Rafael Borromé Valdez, además de exempleados y particulares vinculados a la operación.
Los imputados en el caso SeNaSa 2.0 mantienen la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia definitiva, y sus imputaciones serán debatidas ante los tribunales. Sin embargo, la PEPCA advierte que la investigación permanece abierta y que el monto atribuido al fraude —actualmente fijado en RD$41.1 millones— podría aumentar a medida que avance el proceso. El caso se suma a una serie de investigaciones sobre corrupción en el sistema de salud pública dominicano que han ganado visibilidad en los últimos años, y plantea preguntas urgentes sobre los mecanismos de control interno de las instituciones de seguridad social.
