By El caso Jet Set dio un giro significativo durante la más reciente audiencia celebrada ante la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, cuando abogados representantes de múltiples víctimas solicitaron formalmente al magistrado Franny González que se modifique la calificación jurídica aplicada a los imputados Antonio y Maribel Espaillat. La petición apunta a sustituir los delitos culposos —basados en negligencia— por delitos dolosos o voluntarios, lo que implicaría una responsabilidad penal considerablemente más grave para los hermanos acusados.
Lo que los querellantes exigen cambiar en el caso Jet Set
Los querellantes, que actúan en representación de Gregory Adames y otras nueve víctimas del colapso, pidieron al tribunal que incorpore la acusación alterna presentada el 20 de febrero de 2026. Esa acusación hace referencia a la violación de varios artículos del ordenamiento jurídico dominicano, entre ellos:
- Artículos 295, 259 y 260 del Código Penal
- Disposiciones de la Ley 687-82
- Artículos 12, 13, 14 y 15 de la Ley 6200, relacionados con el ejercicio de la ingeniería, arquitectura y agrimensura
La solicitud no fue unánime, pero sí recibió respaldo parcial de otros juristas presentes en la sala. Los propios abogados querellantes reconocieron que, de ser aceptada la nueva tipificación, la defensa necesitaría tiempo razonable para reorganizar su estrategia y conocer los nuevos planteamientos, en garantía del debido proceso. Esa concesión procesal fue bien recibida por el tribunal.
Ante la complejidad del planteamiento, el magistrado González decidió recesar la audiencia hasta el viernes 9 de octubre a las 9:00 de la mañana, con el propósito de que los defensores de los hermanos Espaillat dispongan del tiempo necesario para preparar su respuesta frente al cambio de tipificación y frente a la propuesta de que el tribunal conozca el fondo del caso sin detenerse en cuestiones de competencia.
Por qué el colapso del Jet Set derivó en una acusación penal de esta magnitud
El derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, ubicada en la avenida Independencia del sector El Portal, ocurrió la noche del 8 de abril de 2025 y se convirtió en una de las tragedias más devastadoras de la historia reciente del país. El saldo oficial registra 236 muertes y más de 180 heridos, cifras que explican la presión social y jurídica que rodea este proceso.
El Ministerio Público sostiene actualmente que Antonio y Maribel Espaillat incurrieron en homicidio y golpes y heridas involuntarias, sustentando esa acusación en una supuesta negligencia sistemática que habría comprometido la integridad estructural del inmueble. Sin embargo, los querellantes consideran que esa calificación no refleja la gravedad real de las decisiones tomadas por los imputados.
Según el expediente acusatorio, la responsabilidad de los hermanos Espaillat se agravó de manera determinante por haber sobrecargado la estructura del techo con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin contar con los estudios técnicos necesarios para verificar que la edificación podía soportar ese peso adicional. Para los querellantes, esa decisión no fue un descuido, sino una acción consciente que debería encuadrarse en un tipo penal más severo.
El debate jurídico que definirá el rumbo del proceso
El cambio de calificación que se debate en el caso Jet Set no es un tecnicismo menor. Pasar de delitos culposos a delitos dolosos implica que el tribunal tendría que evaluar si los imputados actuaron con conocimiento del riesgo que generaban, lo que podría traducirse en penas significativamente más altas. La distinción entre culpa y dolo es, en esencia, la diferencia entre un accidente grave y un acto deliberadamente peligroso.
La defensa de los hermanos Espaillat, por su parte, tendrá que articular una respuesta que no solo rebata los nuevos argumentos jurídicos, sino que también enfrente el peso de las pruebas técnicas sobre el estado de la estructura antes del colapso. El receso ordenado por el magistrado González abre un compás de espera que, según los propios abogados querellantes, es indispensable para que el proceso avance con las garantías procesales que exige un caso de esta envergadura. Para seguir el desarrollo del proceso, el Poder Judicial de la República Dominicana publica las actualizaciones oficiales de las audiencias en curso.
