By La Policía Nacional cerró el mes de septiembre con un balance que sacude el debate sobre seguridad pública: de los 125 homicidios registrados en la República Dominicana durante ese período, 55 —equivalentes al 44 %— fueron catalogados como muertes en presuntos intercambios de disparos con agentes del orden. La cifra no solo refleja la intensidad del enfrentamiento entre las fuerzas del Estado y la delincuencia, sino que abre preguntas sobre el modelo de intervención policial en un país que busca consolidar una tendencia a la baja en sus indicadores de violencia.
Los intercambios de disparos que sacudieron al país en septiembre
Los 55 decesos en presuntos intercambios de disparos no se concentraron en una sola región: ocurrieron en una geografía amplia que abarca desde el este hasta la frontera norte del país. Entre las localidades afectadas figuran Verón-Punta Cana (La Altagracia), Salcedo (Hermanas Mirabal), Azua, Barahona, Duarte, Puerto Plata, Dajabón, el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís, El Seibo, Espaillat, Samaná y Montecristi. Según la institución, las personas fallecidas estaban supuestamente vinculadas a actividades delictivas y eran objeto de órdenes de arresto activas al momento de los hechos.
Más allá de los intercambios de disparos, el informe revela que 42 homicidios adicionales —el 33.6 % del total— estuvieron vinculados a conflictos sociales, una categoría que agrupa riñas, disputas vecinales y violencia interpersonal. Juntas, ambas categorías explican casi el 78 % de los homicidios del mes, lo que deja un margen relativamente reducido para otras causas.
Abinader, Raful y Rodríguez García: la señal política detrás de los números
La presentación de estas estadísticas no fue un acto técnico aislado. Durante la última edición de La Semanal con la Prensa del mes de septiembre, el presidente Luis Abinader aprovechó el espacio para lanzar un mensaje directo a la delincuencia: instó a los infractores a entregarse voluntariamente a las autoridades antes de que el Estado los localice. El tono fue deliberado y el escenario, calculado.
En esa misma reunión participaron la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García. Este último reveló que la institución mantiene una lista activa de presuntos delincuentes reincidentes a quienes se busca localizar con el objetivo de prevenir nuevos delitos antes de que ocurran, un enfoque que apunta a la intervención anticipada más que a la reacción.
La tasa acumulada y lo que revelan los datos del año
Pese al incremento del 34.4 % en los homicidios de septiembre respecto al mismo mes del año anterior, el comportamiento acumulado del año ofrece una lectura más matizada. La tasa acumulada de homicidios se mantiene en 7.35 por cada 100,000 habitantes, un indicador que las autoridades presentan como evidencia de una tendencia sostenida a la baja en varios frentes de la seguridad ciudadana.
Los datos sobre personas heridas refuerzan esa narrativa:
- Los 168 casos de heridos en septiembre representan una caída del 6.7 % frente al año anterior.
- Comparado con 2024, la reducción en heridos alcanza el 32.0 %.
- Entre enero y septiembre, se registraron aproximadamente 265 casos menos de heridos, equivalente a una reducción del 13.8 % respecto al mismo período del año previo.
Estas cifras sugieren que, aunque los homicidios de septiembre repuntaron en términos mensuales, el arco largo del año apunta en una dirección diferente. La reducción acumulada en heridos y la estabilidad de la tasa por cada 100,000 habitantes son los argumentos que el Gobierno utiliza para sostener que su estrategia de seguridad está funcionando, aun cuando los intercambios de disparos siguen siendo una herramienta central —y polémica— de esa estrategia.
El debate sobre los límites del uso de la fuerza letal en operaciones policiales no es nuevo en la República Dominicana, pero los números de septiembre lo reactivan con fuerza. Con 55 muertes en presuntos intercambios de disparos en un solo mes, la Policía Nacional enfrenta el desafío de demostrar que cada uno de esos casos respondió a protocolos claros y proporcionales, en un contexto donde la ciudadanía exige tanto seguridad como transparencia institucional.
